No debe haber austeridad en detrimento social

¿Quién puede negar que en nuestro país enfrentamos un grave problema en el Sistema Nacional de Salud (SNS), particularmente por la falta de presupuesto? Desde luego que la respuesta es nadie. El mismo presidente Andrés Manuel López Obrador ha reconocido que el servicio de salud “es muy malo”.

Tampoco podemos afirmar que no tienen sustento los reclamos de pacientes y sus familiares por los deficientes servicios que se prestan, y la falta de medicamentos que llevó al mismo presidente a afirmar sobre el Seguro Popular que, “ni es seguro, ni es popular”.

Sin lugar a duda, el principal problema del SNS, amén de la corrupción, es la falta de presupuesto. Habrá que destacar que este inconveniente no es privativo de la actual administración federal, viene de tiempo atrás. Sin embargo, hay fuertes intereses para hacernos creer, a partir de este inconveniente, que el problema absoluto es por culpa de la actual administración, asunto que rechazo.

En octubre de 2016 la reportera Miriam Jiménez en el portal de Forbes publicó que “en los últimos dos años, el gobierno federal recortó al sector salud 15 mil millones de pesos”, y que “en los próximos años el sistema enfrentará una población que además de haber envejecido presentará grandes índices de enfermos crónicos, que demandarán tratamientos costosos y prolongados, lo que pondrá a prueba la capacidad del gobierno para generar políticas que disminuyan el rezago en salud pública”.

Era una preocupante radiografía, a la que sumó el caso de “una paciente que pasó cinco años por un vía crucis en clínicas y hospitales” y que, al no ser atendida por un especialista, tuvo que acudir a la medicina privada, “con cargo -desde luego-, a su bolsillo y el de su familia”. Como el de esta persona hay cientos de casos.

Efectivamente, al SNS se le debe hacer una cirugía mayor, cuyo diagnóstico encontramos en el mismo Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, que propone crear el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, organismo que deberá atender a cerca de 20 millones de personas que hoy no tienen acceso a servicios de salud.

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 (PPEF) prevé un aumento de recursos para el sector salud, al pasar en números redondos de 124 mil 266 millones a 128 mil 589 millones pesos.

Al revisar varios de los rubros que están destinados a diversas enfermedades, encontramos que algunos de los gastos etiquetados están a la baja. Por ejemplo, el Programa de Prevención de Control de Sobrepeso y Diabetes tendrá 519 millones 841 mil pesos; 13 millones 190 mil pesos menos que en 2019, cuando recibió 533 mil 32 mil pesos.

Contrariamente, los recursos para la prevención y ataque contra las adicciones serán mayores el próximo año, ya que pasan de mil 355 millones 577 mil a mil 385 millones 729 mil pesos. Esto representa un incremento de 30 millones 171 mil pesos.

Buenas noticias son el hecho que tanto el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se verán beneficiados para el ejercicio fiscal de 2020 en caso de que el presupuesto sea aprobado como se propone.

El primero pasaría de los 755 mil 440 millones 517 mil a 834 mil 44 millones 144 mil pesos; es decir, 78 mil 603 millones 626 mil pesos más que en 2019, mientras que el ISSSTE alcanzaría un aumento de 26 mil 120 millones 210 mil pesos.

El diagnóstico actual del SNS nos dice que los mexicanos tienen que pagar de su bolsillo para ser atendidos por médicos particulares y adquirir sus medicamentos, pero también nos dice que se había venido gastando mal, los servicios son de mala calidad y tal vez millones de personas se quedan sin servicio porque no les alcanza para un médico particular, menos para comprar sus medicinas.

Es claro que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está comprometido a dotar de servicios de salud a toda la población, pero también es claro que se está enfrentando a un problema añejo, la falta de recursos financieros, una deficiente infraestructura e incluso la falta de médicos.

Aunque hoy los partidos de oposición, así como ciertos intereses políticos y económicos, afirman que “ya está bien de echarle la culpa a los gobiernos pasados”; también es cierto que los problemas arriba destacados tienen que ver, quiérase o no, con que el gasto durante los sexenios pasados ha venido a la baja en ese sector, además desde luego de la lacerante corrupción.

En el sexenio de Enrique Peña Nieto el presupuesto dedicado a la salud bajó, en términos reales, un 2% porque pasó de 580 mil millones de pesos en 2012 a 569 mil millones en el 2018; mientras que los mexicanos que requieren de los servicios de la salud aumentaron en 6.3 millones, según el Centro de Investigación Económica Presupuestaria (CIEP).

Como legisladores, estamos obligados a atender el reclamo ciudadano. En mi caso estoy preocupada porque en los hospitales no se atienda a la población o no se cuente con los medicamentos necesarios, ni con la atención debida.

El tema de la salud debe ser prioritario para nosotras las y los legisladores, pues “no puede haber austeridad si va en detrimento de las personas y, por ello, desde mi posición en la Comisión de Hacienda del Senado habré de solicitar al titular de la SHCP, Arturo Herrera, una reunión con su equipo de trabajo para que haya la suficiencia presupuestal necesaria y poder hacer las compras consolidadas para que no falten los medicamentos.

Por ejemplo, un problema que en todo el país nos preocupa es el de poder atacar de manera frontal al dengue hemorrágico, el cual es una complicación crítica en varios estados, de manera particular en el estado de Morelos donde ha habido decesos por falta de medicamentos. Hay muchas más enfermedades que desde el legislativo debemos atender, para el bienestar del país y de las y los mexicanos. En eso estamos.

Senadora de Morena

El deporte será el generador de la paz que requiere nuestro país

Se evitará que haya recortes presupuestales para el deporte y los deportistas.

A propuesta de la Senadora Lucía Meza Guzmán, el pleno del Senado de la República reconoció la actuación histórica de los deportistas mexicanos que obtuvieron medallas en la competencia de los juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Lima, Perú.

En sesión solemne, les fueron entregados reconocimientos oficiales.

Los atletas medallistas que representaron a las delegaciones mexicanas que acudieron a Lima, Perú a los juegos Panamericanos y Parapanamericanos, fueron reconocidos y aplaudidos por los senadores de todas las fuerzas políticas, quienes reconocieron los resultados obtenidos en ambas justas deportivas.

Ahí, la Senadora Lucía Meza Guzmán, presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte, resaltó que este día ha sido importante por dos hechos históricos: “Primero, por la gran actuación deportiva que tuvieron nuestros atletas en Lima Perú y, segundo, porque es la primera vez que el Senado de la República reconoce los logros alcanzados por todos ustedes en las competencias panamericanas y parapanamericanas”.

Ante ello, dijo que como mexicana se siente orgullosa por los 728 deportistas que pusieron todo su esfuerzo físico y su desempeño deportivo para poner en alto el nombre de México a nivel internacional.

Lucía Meza advirtió que a pesar de los problemas económicos y deportivos que enfrentaron los deportistas de ambas delegaciones mexicanas, lograron vencer los obstáculos y alcanzar la gloria en lo individual y en lo colectivo. “Contra todo pronóstico, hicieron historia al alcanzar un total de 294 medallas logrando colocar a México en los tres primeros lugares”.

Resaltó que el hecho de que la delegación mexicana que compitió en los juegos Panamericanos de Lima, Perú tuvo una actuación histórica, al obtener el mayor número de medallas fuera de nuestro país. Fueron 37 medallas de oro, 36 de plata y 63 de bronce las que lograron alcanzar.

Aunado a ello, también resaltó la actuación de la delegación mexicana que acudió a los juegos Parapanamericanos, quienes lograron una actuación histórica con la tabla del medallero, al obtener 55 medallas de oro, 58 de plata y 45 de bronce, con lo que también ubicaron a México en el tercer lugar.

Como presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte, Lucía Meza externó que desde el Senado de la República pugnará porque no haya recortes presupuestales para el deporte mexicano. Por el contrario, precisó: “Vamos acompañar a la

directora de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, para gestionar más recursos con los diputados federales, a fin de que México coseche más triunfos”.

Luego, estableció la urgente necesidad de recuperar los espacios deportivos que existen en el país y que muchos de ellos están en mal estado o se encuentran bajo el control de la delincuencia. “Sabemos que no hay recursos que alcancen, pero es imperativo garantizar espacios de desarrollo para nuestros jóvenes y para nuestros atletas”.

Finalmente, argumentó que México necesita más jóvenes deportistas, y menos jóvenes que caigan en las garras de la delincuencia. “Estoy convencida que el deporte es un generador de la paz que requiere nuestro país. Y por ello, vamos a exigirles a las federaciones deportivas un mayor compromiso hacia nuestros jóvenes, los atletas y los nuevos talentos.

Baja California decisión del TEPJF

Cuando legisladores de Baja California aprobaron la ampliación del mandato como gobernador de dos a cinco años en favor del senador con licencia de Morena, Jaime Bonilla, se produjo un gran enojo en la sociedad de aquella entidad; del país y desde luego se generó perspicacia.

Esa decisión legislativa provocó una serie de recelos y de escenarios que algunos analistas políticos, de buena o mala leche, calificaron como “peligrosos” para nuestra democracia.

Cuauhtémoc Cárdenas afirmó que, de concretarse aquella disposición ampliada, “sería un precedente grave para que cualquier legislatura estatal o federal pudiera cambiar los términos de vigencia de un mandato” y, afirmó: “con esta decisión se rompe el orden republicano y se lesiona la constitucionalidad”.

En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que si a él lo hubieran consultado habría rechazado la ampliación del periodo de gobierno de Bonilla; porque si lo hubiese autorizado se le caería la cara de vergüenza, y no tendría autoridad moral alguna.

Precisamente esto es el fondo del asunto, porque mientras que el propio presidente ha señalado que el actual no representa un cambio de gobierno, sino de régimen, ya que si la decisión del Congreso bajacaliforniano hubiese sido ratificada, habría significado replicar las formas y modos de los gobiernos pasados.

La decisión del Ejecutivo federal de no meter las manos en este asunto y que lo resolvieran los propios ciudadanos de aquella entidad, el nuevo Congreso local y, en última instancia como sucedió, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), nos muestra que efectivamente estamos ante un cambio de régimen.

Lamentablemente, hay que decirlo sin problema alguno, Jaime Bonilla no supo leer ni entender políticamente la decisión del presidente López Obrador, no pudo estar a la

altura de lo que representa en el fondo la Cuarta Transformación, y que no es sólo un slogan propagandístico, sino un compromiso.

Simplemente habrá que recordar lo que la historia nos enseña, como cuando los presidentes ponían y quitaban gobernadores sin rubor alguno. Luis Echeverria ordenó modificar la Constitución de Sonora para que su consentido, Carlos Armando Biebrich, pudiera acceder a la gubernatura de aquel estado, pero tras una desavenencia entre ambos, Echevarría lo acusó de diversos delitos y el joven político tuvo que dejar el cargo. Ejemplos, hay muchos más.

Así que, por unanimidad, la Sala Superior del TEPJF confirmó el cómputo estatal, la declaración de validez de la elección a la gubernatura de Baja California y la constancia de mayoría a favor de Jaime Bonilla Valdez, por un periodo de dos años, no por cinco como él pretendía.

Cabe destacar que desde el Senado de la República estuvimos al tanto de que se cumpliera el Pacto Federal, sin ser injerencistas, y el hecho mismo de que fue el propio TEPJF que decidió no avalar la determinación del Congreso de Baja California del 23 de julio pasado, lo avala.

Este arbitraje de eminente carácter jurídico, muestra que sí es posible desarmar la estructura política caduca que imponía sus decisiones a partir de sus intereses personales o de grupo, por eso mismo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, indicó que “no se puede atentar contra el principio de certeza jurídica”; es decir, que no podemos pasar por alto en todo lo que ello significa, el cumplimiento del Estado de derecho.

Ya lo he señalado aquí, la decisión que tomó el TEPJF tiene un significado trascedente, porque en primer lugar echa abajo las versiones de quienes aseguraban era un ensayo, para que se diera una reelección presidencial.

De igual manera, todos estamos obligados a atender el principio de certeza jurídica y sobre todo, que se entienda bien, la Cuarta Transformación va por un cambio de régimen y no por una simple simulación.

La intentona de imponer a un personaje como gobernador por más años de los que la ciudadanía votó, es como querer imponer a un candidato a partir de una distribución de cuotas, de una herencia política y no por la experiencia, perfil, simpatías, trabajo o presencia social.

Senadora de Morena

Legislar en favor de los jóvenes

Es muy común escuchar la frase trillada, gastada, que no es nueva; como un“slogan”, un enunciado de siempre: “Los jóvenes son el futuro de México”;lamentablemente sólo se ha quedado en eso, en una proposición. En contraste,habrá que decir que “hechos son amores, y no buenas razones”.

Por ello, es altamente significativo que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya entregado a los y las atletas participantes en los Juegos Panamericanos y ParaPanamericanos de Lima 2019, estímulos económicos; así como también a las y los entrenadores de las delegaciones mexicanas participantes.

Lograron récords históricos que hicieron destacar a México en el medallero, por lo que el presidente los motivó a seguir por el mismo rumbo, a hasta llegar a Tokio 2020.

Hay otro dicho que dice: “No sólo de pan vive el hombre”, es necesario, por lo tanto, legislar en favor de las y los jóvenes en nuestro país. Por ello, la semana pasada, como presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte del Senado, y a nombre de ésta, presenté un proyecto de decreto que busca reformar y adicionar los artículos 4 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Es cierto, nuestra Constitución garantiza y vela por el respeto irrestricto de los derechos de los y las jóvenes mexicanas. Sin embargo, lamentablemente, no existe una referencia implícita sobre las facultades para legislar en materia de derechos de los y las jóvenes, como sí existe en favor de los derechos de la niñez y adolescentes.

Fue por esto que propuse en su momento, a la Comisión, adicionar un último párrafo al artículo 4 Constitucional; a fin de crear un marco normativo a favor de nuestros

jóvenes: “Las personas jóvenes tienen derecho a su desarrollo integral, por lo que el Estado deberá garantizará el respeto a este derecho”.

Con esto se debe lograr la concurrencia entre la federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, además de la participación de la ciudadanía, para que permitan su cumplimiento.

La reforma también busca modificar la fracción XIX-P del artículo 73, a fin de dotar de facultades al Congreso de la Unión para legislar en materia de los derechos de las personas jóvenes.

En la tribuna del Senado de la República expresé que dicha soberanía popular “no puede retraerse frente a las necesidades de los jóvenes, por lo que estamos obligados a darles todas las condiciones de desarrollo económico, social, político y cultural”, y legislar así en materia de derechos y en favor de la juventud, además que debe hacer con perspectiva de género y respeto a su identidad.

Como bien señalamos en la iniciativa, las reformas que hemos propuesto buscan que las y los jóvenes sean sujetos de derechos, pues por décadas han quedado marginados y olvidados, amén de ser excluidos del desarrollo y de la toma de decisiones en nuestro país.

Sin embargo, un hecho es claro, a nivel internacional México tienen un rezago en el reconocimiento de los derechos de las y los jóvenes. No es posible que países como Costa Rica, Bolivia, Perú, Uruguay y Chile, tenga ya leyes que reconocen plenamente los derechos de los jóvenes.

Basados en la Agenda de Desarrollo Sostenible 20-30, de la Organización de las Naciones Unidas, la participación de los jóvenes hoy es más importante que nunca, por lo que el Estado mexicano no puede soslayar el bono democrático juvenil; por el contrario, está obligado a potencializarlo y llevarlo a estadios internacionales.

No está de más recordar que recientemente desde la misma Cámara Alta exhortamos al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores nos remitiera la firma de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, para que a la brevedad, a partir de las facultades que tenemos, la ratifiquemos.

Los y las jóvenes, para los últimos tres presidentes de la República, sólo han estado presentes en sus discursos. Hace 13 años el gobierno mexicano firmó la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes celebrada en Badajoz, España. El rezago y la falta de reconocimiento a sus derechos civiles, sociales, políticos, educativos y culturales, es un asunto que debemos atender ya.

Países como España, Argentina, Brasil, Chile y Costa Rica, que forman parte de la Convención Iberoamericana, no sólo ya reconocieron los convenios de dicho acuerdo, sino que incluso cuentan con leyes nacionales de la juventud.

A los y las jóvenes no sólo hay que otorgarles aplausos, reconocimientos y becas; además de convocarlos a encabezar la transformación del país, bien merecen que legislemos a su favor.

Senadora de Morena.

FORO IMPACTO DE LA LEGALIZACIÓN DE LA CANNABIS EN LAS PERSONAS JÓVENES

Como parte de agenda legislativa del Grupo Parlamentario de Morena, en el Senado de la República, se encuentra enlistado para su discusión en Parlamento Abierto y al interior del pleno la iniciativa por medio de la cual se legaliza el consumo de cannabis en México.

Asimismo, por acuerdo de la Junta Directiva de la Comisión de Justicia, se establecieron las bases del procedimiento para la dictaminación de diversas iniciativas sobre el tema de regulación de la cannabis.
En ese sentido, como integrante de las comisiones de Justicia, Seguridad Pública y

Defensa Nacional de esta Soberanía, participaremos en el tema a través de un Foro denominado: El Impacto de la Legalización de la Cannabis en los Jóvenes.

Por lo anterior, abordaremos el tema de manera responsable, y contribuiremos a la legalización, pero con información, orientación y regulación; nuestra postura será del lado de los jóvenes, en un foro para jóvenes, donde los escucharemos.

Acudirán diversos panelistas en temas de actualización jurídica, de experiencias en países donde la legalización es una realidad, en salud y la posición de los colectivos juveniles de nuestro país. Sea esta, nuestra pequeña contribución.

Senadora Lucy Meza Guzmán

Empresas fantasmas, un “fraude maestro”

Si bien la llamada Estafa Maestra es la acción fraudulenta más conocida y nombrada, son muchas otras las que en la administración del gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto se practicaron, para desviar miles de millones de pesos hacia campañas electorales del PRI, y para llenar los bolsillos de funcionarios federales y gobernadores priistas.

La Estafa Maestra operó a través dependencias que les pagaban a algunas universidades públicas para hacer supuestos servicios, y las universidades a cambio de una “comisión” entregaban ese dinero a empresas fantasmas ilegales.“Su objetivo era desaparecer el dinero”.

Ya antes, el entonces gobernador de Veracruz, Javier Duarte había usado un mecanismo similar para financiar campañas de su partido, el PRI, y hacer llegar dinero a su amigo el entonces candidato a presidente Peña Nieto.

Animal Político, fue el medio de comunicación electrónico que dio a conocer, enseptiembre de 2018, que “el Servicio de Administración Tributaria (SAT) incluyó en su lista negra de empresas fantasma a 66 compañías que, presuntamente, se quedaron con 2 mil 273 millones de pesos del gobierno federal gracias al esquema de desvío de recursos públicos documentado (un año antes) en la investigación La Estafa Maestra.

Aquellas empresas simulaban operaciones comerciales, puesto que no tenían direcciones reales, ni infraestructura.

Como resultado de esa estafa, la ex secretaria de Sedesol y Sedatu durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles, está hoy recluida en el penal femenil de Santa Marta Acatitla, acusada por la Fiscalía General de la República de presuntos desvíos por 5 mil 73 millones de pesos.

Mientras Rosario enfrenta este trance, por un desfalco similar, por la forma como se maniobró en la llamada “Operación Safiro”, que dirigió Manlio Fabio Beltrones, éste avezado político priísta, disfruta de total libertad.

Con la Operación Safiro, se desviaron 650 millones de pesos de fondos públicos no sólo de Chihuahua, sino también de Sonora, Colima, Durango, Estado de México, Morelos y la delegación Milpa Alta de la Ciudad de México; para financiar campañas electorales priístas. En esa trama se utilizaron 12 empresas fantasma, que a decir algunos testigos estaban “blindadas”, es decir, autorizadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Pero el desvío de recursos públicos a través de empresas fantasmas no se practicó desde la llegada de Enrique Peña Nieto al gobierno de la República. El 12 de julio de 2012 diversos partidos políticos opositores al PRI denunciaron que a través de empresas fantasmas se habían transferido fondos a la campaña presidencial de Peña Nieto a través del Banco Monex.

El mecanismo, aseguraron en aquel momento especialistas, “encuadra en el mecanismo típico de lavado de dinero. Sin embargo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) se excusó de confirmar la información, argumentando su obligación de proteger el secreto bancario.

Según esa denuncia dos empresas fantasmas, Grupo Comercial Inizzio y la Comercializadora Epfra depositaron recursos en Monex, que a su vez emitió al menos 9 mil tarjetas prepagadas que, de acuerdo con esa denuncia, sirvieron para pagar a operadores priistas. También Alkino, otra empresa fantasma, financió con 66.3 millones de pesos al PRI con tarjetas Monex.

La constructora brasileña Odebrecht también utilizó a las empresas fantasmas como Blunderbuss Company, que al menos entre 2009 y 2011, con un domicilio inexistente en Poza Rica, Veracruz, trianguló más de seis millones de dólares que habría llegado a México en una operación distinta a los sobornos por 10 millones de dólares que se habían reconocido.

El SAT, en abril pasado, investigaba una red de 11 empresas fantasma ligadas con Blunderbuss Company.

Las empresas fantasmas representan un grave problema económico y político para el país, por ello la semana pasada las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público; de Justicia y de Estudios Legislativos, del Senado aprobamos un proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones.

La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Fiscal de la Federación y el Código Penal Federal, se propone cambiar, en lo referente a las empresas fantasmas.

Con esta iniciativa del Senador de Morena, Alejandro Armenta Mier, y quienes participamos en estas comisiones, nos proponemos combatir “fraudes maestros”, a quienes acuerdan criminalmente evadir millonariamente al fisco federal; enfrentar a las empresas facturadoras de operaciones simuladas y a las empresas que deducen operaciones simuladas, así como cualquier otra conducta delictiva de contenido económico.

Senadora por Morena.

Juventud, medalla de oro

Cuando redacto la presente entrega disfruto el triunfo de la mexicana Laura Galván, que el viernes pasado le dio a nuestro país la presea 29 de oro, en los cinco mil metros planos. Emoción y orgullo me embargó.

A las y los jóvenes deportistas que participaron en los Juegos Panamericanos “Lima 2019”, debemos reconocerles, desde luego sus resultados, pero al mismo tiempo seguir impulsándolos y darles todas las facilidades para que continúen entrenando y para que puedan seguir con sus estudios.

Su reconocimiento debe ser trascendente. A partir del año 2000 cada 12 de agosto -como el día de hoy-, se lleva a cabo la celebración del Día Internacional de la Juventud, proclamado por la Organización de las Naciones Unidas, y cuyo propósito es destacar el papel que tienen los jóvenes en el desarrollo de la sociedad, y en el mundo en general. Una de las intenciones es llamar la atención de los problemas que enfrentan y encontrar posibles soluciones y mecanismos de apoyo.

De acuerdo con ONU, casi un quinto de la población mundial que representa 1.2 billones, son  jóvenes entre 15 y 24 años. Esto nos obliga a reconocer la importancia y el papel de la juventud para hacer frente a los nuevos retos y desafíos del mundo.

La juventud, hoy en día, juega un rol de primera importancia en la implementación de nuevas tendencias y tecnologías de la información, la culminación de un estilo de vida amigable con el medio ambiente y su exigencia de respeto a sus derechos humanos.

Por ello, desde el Congreso de la Unión, hemos impulsado un trabajo bicameral para la creación de una inédita Ley General de las Juventudes, producto de una serie de foros consultivos -Parlamento Abierto- donde se ha recogido el sentir de las y los jóvenes de México.

Como presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte del Senado de la República, hemos trabajado en el diseño de un instrumento jurídico en el cual los derechos y garantías de las personas jóvenes se puedan cristalizar, en un ordenamiento federal con base a la agenda de desarrollo sostenible 2030 de la ONU.

En México una de las tareas primordiales en favor de la juventud es empoderarlos a través de mecanismos y programas que les brinden las herramientas necesarias, en aras de un desarrollo óptimo e integral, construyendo espacios cívicos, físicos y digitales adecuados, a fin de poder expresarse y comunicar sus opiniones y posturas con total libertad y seguridad.

Por ello, resulta indispensable generar políticas públicas que incluyan y fomenten el desarrollo educativo, artístico, creativo y deportivo. Es tarea ineludible del Estado seguir fortaleciendo y enfatizar el respeto hacia pluralidad de ideas y ante las diferencias, así como continuar contribuyendo en la asertiva aplicación de valores que persigan el objetivo de una convivencia más sana y armoniosa, como la tolerancia, el respeto hacia los demás, la identidad cultural, la solidaridad y la protección del medio ambiente.

Sin embargo, estos propósitos no deben quedar sólo en eso. Por ello, desde el Senado recientemente exhortamos al Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, nos remita la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, junto con su Protocolo para aprobarla a la brevedad.

Este instrumento representa el único tratado internacional centrado específicamente en los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las personas jóvenes, que fue firmado en la ciudad de Badajoz, España, en octubre de 2005 y entró en vigor el 1 de marzo de 2008.

Con su ratificación la convención pasaría a convertirse en norma legal interna de obligatorio cumplimiento para México, así como un documento orientador para el diseño y la implementación de políticas, programas, proyectos e iniciativas en materia de juventud, con enfoque de derechos, que puede ser referenciado y aplicado tanto por el gobierno como por las y los ciudadanos.

Tenemos enfrente un imperioso trabajo coordinado, conjunto, eficiente y eficaz por parte de las instituciones del Estado en sus tres niveles de gobierno, para que, en un esfuerzo de colaboración continua, los gobiernos federales; estatales y municipales cumplan con la tarea de actuar de manera corresponsable en el ámbito de sus competencias, para atender las necesidades de los cerca de 30 millones de jóvenes que viven actualmente en nuestro país.

El tamaño de nuestros jóvenes lo representan los magníficos resultados que alcanzaron en Lima 2019 y, por lo mismo, conviene saber y ser conscientes de que éstos son el presente y futuro de nuestro país; que en su fuerza y energía reside nuestra esperanza como nación, por ello, resulta necesario que forjemos un marco jurídico que les brinde los medios ineludibles para que desplieguen todo su potencial y no olvidar que son los jóvenes quienes tomarán el mando y seguirán construyendo el futuro dorado de nuestro país, un futuro de oro para México.

Senadora de Morena

 

 

Cuarenta y cinco días después

¿Qué hubiera pasado con la economía mexicana si el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no hubiera alcanzado un acuerdo sobre migración con el gobierno de Estados Unidos?

A decir de analistas de nuestro país, con base en las exportaciones de México a EU en 2018, con un arancel del 5%, hubiera significado una erogación adicional de 17 mil 914 millones de dólares en ese año.

El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró en aquel momento que de no haber llegado a un acuerdo, la medida podía haber puesto en peligro el tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Además, el IVA se hubiera incrementado “de golpe” en un 10%, “se perderían 1,2 millones de empleos y el Productor Interno Bruto (PIB) caería al menos un punto”.

López Obrador, por su parte, admitió que, de no haberse firmado un acuerdo, “la sombra de una crisis económica se hubiese instalado sobre México”.

Es claro que la negociación no gustó a muchos. Por un lado, la derecha panista y priista criticó fuertemente la decisión; olvidaron o fingen demenci, sobre el cúmulo de acuerdos a los que llegaron con EU cuando estuvieron al frente del gobierno federal, lastimando seriamente la soberanía nacional. Incluso la izquierda social y desde luego al interior de Morena, nos costó mucho aceptar este acuerdo que, efectivamente, atenta contra dichos principios.

El presidente estuvo frente a una seria disyuntiva. Hubiera recibido fuertes ovaciones de quienes le habrían reconocido el que no se hubiese “doblegado” frente a Donald Trump, pero la economía del país y de millones de mexicanos se hubiera quebrado frente a las medidas arancelarias con las que amenazó el mandatario estadunidense, las cuales iban a crecer mes a mes: 10% a partir del 1 de julio, a 15% desde el 1 de agosto, a 20% comenzando el 1 de septiembre y a 25% del 1 de octubre hacia adelante; si no se cumplía con la condición establecida.

Las medidas anunciadas por Trump no eran un cuento sólo para asustarnos. Recientemente, el presidente ruso Vladimir Putin y el líder chino Xi Jinping acusaron a Estados Unidos de “imponer su jurisdicción al resto del mundo, causando con ello un daño irreparable al orden internacional” y afirmaron que Trump “impone prácticas comerciales agresivas” para obtener ventajas y desplazar a los competidores de Estados Unidos.

Andrew Seele, presidente del Instituto de Política de Migración de EU, ha señalado que el presidente mexicano “ha decidido que el tema migratorio es mucho menos importante que la estabilidad económica del país”. Y sí, efectivamente, era claro que a pesar de la decisión dolorosa que se tomó; el costo económico y político era mucho menor por tener que frenar a miles de migrantes que enfrentar a la aplicación de aranceles, aunque también es cierto, como señalan analistas estadunidenses, dichas tarifas también podrían haber provocado una pérdida de alrededor de 400 mil empleos en EU.

Durante este mes y medio el gobierno de México ha cumplido con los acuerdos con EU aplicando las medidas legales, atendiendo en lo posible a los migrantes, ofreciéndoles albergues donde pernoctar, alimentos, servicios médicos; están obteniendo un permiso temporal, un empleo formal y se está al pendiente de que no sean víctimas de grupos criminales que se aprovechan de su condición.

La reunión de este domingo entre Ebrard y el Secretario de Estado de EU, Mike Pompeo, sirvió para revisar el cumplimento cabal por parte de México de los acuerdos sobre migración, comercio y el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica.

Además, el canciller reiteró la negativa mexicana de ser Tercer País Seguro y el desacuerdo con la decisión estadunidense de impedir a solicitantes de asilo que crucen la frontera con nuestro país, ser elegibles para ese amparo si antes no pidieron protección en una tercera nación, amén de reiterar que mantendremos nuestra política en pro del refugio a quienes temen por su vida en sus países de origen.

En tanto, el representante permanente de México en la ONU, Juan Ramón de la Fuente, dijo en dicho foro en Nueva York, el viernes pasado, que la mejor forma de ejercer la soberanía nacional en materia migratoria es a través de la cooperación con otros Estados soberanos”.

Donald Trump amenazó: “Si México no actúa, los aranceles se mantendrán en un nivel alto y las empresas ubicadas aquí pueden comenzar a regresar a Estados Unidos para fabricar sus productos y bienes. Las compañías que se muden a Estados Unidos no pagarán las tarifas ni se verán afectadas de ninguna manera”.

La decisión no ha sido fácil. La determinación, estoy convencida, a pesar de ser dolorosa permitió a México no caer en un hoyo negro, donde su economía se hubiera ido a pique, el desempleo, es una seria preocupación; donde cuarenta y cinco días después la historia, por fortuna, es otra.

Lucía Meza Guzmán / Senadora por Morena

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