Baja California decisión del TEPJF

Cuando legisladores de Baja California aprobaron la ampliación del mandato como gobernador de dos a cinco años en favor del senador con licencia de Morena, Jaime Bonilla, se produjo un gran enojo en la sociedad de aquella entidad; del país y desde luego se generó perspicacia.

Esa decisión legislativa provocó una serie de recelos y de escenarios que algunos analistas políticos, de buena o mala leche, calificaron como “peligrosos” para nuestra democracia.

Cuauhtémoc Cárdenas afirmó que, de concretarse aquella disposición ampliada, “sería un precedente grave para que cualquier legislatura estatal o federal pudiera cambiar los términos de vigencia de un mandato” y, afirmó: “con esta decisión se rompe el orden republicano y se lesiona la constitucionalidad”.

En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que si a él lo hubieran consultado habría rechazado la ampliación del periodo de gobierno de Bonilla; porque si lo hubiese autorizado se le caería la cara de vergüenza, y no tendría autoridad moral alguna.

Precisamente esto es el fondo del asunto, porque mientras que el propio presidente ha señalado que el actual no representa un cambio de gobierno, sino de régimen, ya que si la decisión del Congreso bajacaliforniano hubiese sido ratificada, habría significado replicar las formas y modos de los gobiernos pasados.

La decisión del Ejecutivo federal de no meter las manos en este asunto y que lo resolvieran los propios ciudadanos de aquella entidad, el nuevo Congreso local y, en última instancia como sucedió, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), nos muestra que efectivamente estamos ante un cambio de régimen.

Lamentablemente, hay que decirlo sin problema alguno, Jaime Bonilla no supo leer ni entender políticamente la decisión del presidente López Obrador, no pudo estar a la

altura de lo que representa en el fondo la Cuarta Transformación, y que no es sólo un slogan propagandístico, sino un compromiso.

Simplemente habrá que recordar lo que la historia nos enseña, como cuando los presidentes ponían y quitaban gobernadores sin rubor alguno. Luis Echeverria ordenó modificar la Constitución de Sonora para que su consentido, Carlos Armando Biebrich, pudiera acceder a la gubernatura de aquel estado, pero tras una desavenencia entre ambos, Echevarría lo acusó de diversos delitos y el joven político tuvo que dejar el cargo. Ejemplos, hay muchos más.

Así que, por unanimidad, la Sala Superior del TEPJF confirmó el cómputo estatal, la declaración de validez de la elección a la gubernatura de Baja California y la constancia de mayoría a favor de Jaime Bonilla Valdez, por un periodo de dos años, no por cinco como él pretendía.

Cabe destacar que desde el Senado de la República estuvimos al tanto de que se cumpliera el Pacto Federal, sin ser injerencistas, y el hecho mismo de que fue el propio TEPJF que decidió no avalar la determinación del Congreso de Baja California del 23 de julio pasado, lo avala.

Este arbitraje de eminente carácter jurídico, muestra que sí es posible desarmar la estructura política caduca que imponía sus decisiones a partir de sus intereses personales o de grupo, por eso mismo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, indicó que “no se puede atentar contra el principio de certeza jurídica”; es decir, que no podemos pasar por alto en todo lo que ello significa, el cumplimiento del Estado de derecho.

Ya lo he señalado aquí, la decisión que tomó el TEPJF tiene un significado trascedente, porque en primer lugar echa abajo las versiones de quienes aseguraban era un ensayo, para que se diera una reelección presidencial.

De igual manera, todos estamos obligados a atender el principio de certeza jurídica y sobre todo, que se entienda bien, la Cuarta Transformación va por un cambio de régimen y no por una simple simulación.

La intentona de imponer a un personaje como gobernador por más años de los que la ciudadanía votó, es como querer imponer a un candidato a partir de una distribución de cuotas, de una herencia política y no por la experiencia, perfil, simpatías, trabajo o presencia social.

Senadora de Morena

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