El deporte será el generador de la paz que requiere nuestro país

Se evitará que haya recortes presupuestales para el deporte y los deportistas.

A propuesta de la Senadora Lucía Meza Guzmán, el pleno del Senado de la República reconoció la actuación histórica de los deportistas mexicanos que obtuvieron medallas en la competencia de los juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Lima, Perú.

En sesión solemne, les fueron entregados reconocimientos oficiales.

Los atletas medallistas que representaron a las delegaciones mexicanas que acudieron a Lima, Perú a los juegos Panamericanos y Parapanamericanos, fueron reconocidos y aplaudidos por los senadores de todas las fuerzas políticas, quienes reconocieron los resultados obtenidos en ambas justas deportivas.

Ahí, la Senadora Lucía Meza Guzmán, presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte, resaltó que este día ha sido importante por dos hechos históricos: “Primero, por la gran actuación deportiva que tuvieron nuestros atletas en Lima Perú y, segundo, porque es la primera vez que el Senado de la República reconoce los logros alcanzados por todos ustedes en las competencias panamericanas y parapanamericanas”.

Ante ello, dijo que como mexicana se siente orgullosa por los 728 deportistas que pusieron todo su esfuerzo físico y su desempeño deportivo para poner en alto el nombre de México a nivel internacional.

Lucía Meza advirtió que a pesar de los problemas económicos y deportivos que enfrentaron los deportistas de ambas delegaciones mexicanas, lograron vencer los obstáculos y alcanzar la gloria en lo individual y en lo colectivo. “Contra todo pronóstico, hicieron historia al alcanzar un total de 294 medallas logrando colocar a México en los tres primeros lugares”.

Resaltó que el hecho de que la delegación mexicana que compitió en los juegos Panamericanos de Lima, Perú tuvo una actuación histórica, al obtener el mayor número de medallas fuera de nuestro país. Fueron 37 medallas de oro, 36 de plata y 63 de bronce las que lograron alcanzar.

Aunado a ello, también resaltó la actuación de la delegación mexicana que acudió a los juegos Parapanamericanos, quienes lograron una actuación histórica con la tabla del medallero, al obtener 55 medallas de oro, 58 de plata y 45 de bronce, con lo que también ubicaron a México en el tercer lugar.

Como presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte, Lucía Meza externó que desde el Senado de la República pugnará porque no haya recortes presupuestales para el deporte mexicano. Por el contrario, precisó: “Vamos acompañar a la

directora de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, para gestionar más recursos con los diputados federales, a fin de que México coseche más triunfos”.

Luego, estableció la urgente necesidad de recuperar los espacios deportivos que existen en el país y que muchos de ellos están en mal estado o se encuentran bajo el control de la delincuencia. “Sabemos que no hay recursos que alcancen, pero es imperativo garantizar espacios de desarrollo para nuestros jóvenes y para nuestros atletas”.

Finalmente, argumentó que México necesita más jóvenes deportistas, y menos jóvenes que caigan en las garras de la delincuencia. “Estoy convencida que el deporte es un generador de la paz que requiere nuestro país. Y por ello, vamos a exigirles a las federaciones deportivas un mayor compromiso hacia nuestros jóvenes, los atletas y los nuevos talentos.

Baja California decisión del TEPJF

Cuando legisladores de Baja California aprobaron la ampliación del mandato como gobernador de dos a cinco años en favor del senador con licencia de Morena, Jaime Bonilla, se produjo un gran enojo en la sociedad de aquella entidad; del país y desde luego se generó perspicacia.

Esa decisión legislativa provocó una serie de recelos y de escenarios que algunos analistas políticos, de buena o mala leche, calificaron como “peligrosos” para nuestra democracia.

Cuauhtémoc Cárdenas afirmó que, de concretarse aquella disposición ampliada, “sería un precedente grave para que cualquier legislatura estatal o federal pudiera cambiar los términos de vigencia de un mandato” y, afirmó: “con esta decisión se rompe el orden republicano y se lesiona la constitucionalidad”.

En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que si a él lo hubieran consultado habría rechazado la ampliación del periodo de gobierno de Bonilla; porque si lo hubiese autorizado se le caería la cara de vergüenza, y no tendría autoridad moral alguna.

Precisamente esto es el fondo del asunto, porque mientras que el propio presidente ha señalado que el actual no representa un cambio de gobierno, sino de régimen, ya que si la decisión del Congreso bajacaliforniano hubiese sido ratificada, habría significado replicar las formas y modos de los gobiernos pasados.

La decisión del Ejecutivo federal de no meter las manos en este asunto y que lo resolvieran los propios ciudadanos de aquella entidad, el nuevo Congreso local y, en última instancia como sucedió, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), nos muestra que efectivamente estamos ante un cambio de régimen.

Lamentablemente, hay que decirlo sin problema alguno, Jaime Bonilla no supo leer ni entender políticamente la decisión del presidente López Obrador, no pudo estar a la

altura de lo que representa en el fondo la Cuarta Transformación, y que no es sólo un slogan propagandístico, sino un compromiso.

Simplemente habrá que recordar lo que la historia nos enseña, como cuando los presidentes ponían y quitaban gobernadores sin rubor alguno. Luis Echeverria ordenó modificar la Constitución de Sonora para que su consentido, Carlos Armando Biebrich, pudiera acceder a la gubernatura de aquel estado, pero tras una desavenencia entre ambos, Echevarría lo acusó de diversos delitos y el joven político tuvo que dejar el cargo. Ejemplos, hay muchos más.

Así que, por unanimidad, la Sala Superior del TEPJF confirmó el cómputo estatal, la declaración de validez de la elección a la gubernatura de Baja California y la constancia de mayoría a favor de Jaime Bonilla Valdez, por un periodo de dos años, no por cinco como él pretendía.

Cabe destacar que desde el Senado de la República estuvimos al tanto de que se cumpliera el Pacto Federal, sin ser injerencistas, y el hecho mismo de que fue el propio TEPJF que decidió no avalar la determinación del Congreso de Baja California del 23 de julio pasado, lo avala.

Este arbitraje de eminente carácter jurídico, muestra que sí es posible desarmar la estructura política caduca que imponía sus decisiones a partir de sus intereses personales o de grupo, por eso mismo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, indicó que “no se puede atentar contra el principio de certeza jurídica”; es decir, que no podemos pasar por alto en todo lo que ello significa, el cumplimiento del Estado de derecho.

Ya lo he señalado aquí, la decisión que tomó el TEPJF tiene un significado trascedente, porque en primer lugar echa abajo las versiones de quienes aseguraban era un ensayo, para que se diera una reelección presidencial.

De igual manera, todos estamos obligados a atender el principio de certeza jurídica y sobre todo, que se entienda bien, la Cuarta Transformación va por un cambio de régimen y no por una simple simulación.

La intentona de imponer a un personaje como gobernador por más años de los que la ciudadanía votó, es como querer imponer a un candidato a partir de una distribución de cuotas, de una herencia política y no por la experiencia, perfil, simpatías, trabajo o presencia social.

Senadora de Morena

TETELCINGO, A CONSULTA CIUDADANA

La mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declararon inválido el decreto que creó el municipio indígena de Tetelcingo, propuesto por el gobierno de Graco Ramírez y aprobado por la anterior legislatura local. La resolución abrió la puerta para la realización de una consulta ciudadana, para que sean los ciudadanos de Tetelcingo quienes definan su futuro.

En el decreto número 2341 se proponía separar al pueblo de Tetelcingo del municipio de Cuautla, para dar paso a la creación de un Consejo Ciudadano que sería electo por el propio pueblo de Tetelcingo. Este proceso quedó parcialmente frenado con la controversia constitucional que promovió el entonces presidente municipal de Cuautla, Tadeo Nava, de la misma filiación partidista que el gobernador Graco Ramírez.

El asunto fue examinado por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por poco más de un año. La semana pasada, en una sesión del pleno, se resolvió la controversia. Fueron seis de 11 ministros los que decidieron invalidar el decreto y revertir la creación inmediata del municipio indígena de Tetelcingo.

Sin embargo, en un hecho sin precedente, los mismos ministros que votaron a favor de invalidar al municipio indígena de Tetelcingo, también resolvieron ordenar la realización de una consulta ciudadana, para que sea el pueblo de esa comunidad indígena la que determine de manera democrática si aprueban o no convertir a su comunidad en un nuevo municipio.

Para ello, ordenaron al nuevo Instituto Nacional Indígena organizar la realización de la consulta ciudadana entre los pobladores de Tetelcingo; seguramente se habrá de utilizar el padrón electoral vigente, y se tendrá que solicitar el apoyo del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) para su organización y realización.

Considero importante que el Instituto Nacional Indígena, previo a la consulta ciudadana, deba llevar a cabo todo un diagnóstico sobre los pros y contras de que Tetelcingo se convierta en un municipio indígena.

El diagnóstico o estudio tendrá que revelar los impactos sociales, económicos, políticos, demográficos y de desarrollo; que podrían derivarse de convertir a Tetelcingo en municipio indígena o de mantenerse dentro del municipio de Cuautla.

Este diagnóstico tiene que servir para informar de manera transparente e imparcial al pueblo de Tetelcingo sobre la viabilidad o la inconveniencia de convertirse en municipio indígena. Los ciudadanos merecen estar bien informados sobre los pros y contras, con la finalidad de que tomen una decisión totalmente informada.

Entre mayor información se genere y se ponga a disposición y en las manos de las familias de los ciudadanos de ahí, su voto a favor o en contra será un voto totalmente razonado. El fututo de Tetelcingo sólo depende de los propios ciudadanos que habitan en la comunidad.

De ahí que es relevante evitar que actores externos e internos pretendan a provechar la coyuntura para desestabilizar a la comunidad de Tetelcingo, y dividir al pueblo. Quienes intenten entrometerse en la decisión de la comunidad, estarán condenando a los tetelcinguenses a tomar decisiones sesgadas.

El resolutivo de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación más allá de revertir la creación del municipio indígena de Tetelcingo, de manera unilateral o jurisdiccional, abrió la posibilidad de que sea el pueblo el que decida su futuro. De ahí la importancia del veredicto de los ministros.

El pueblo de Tetelcingo tendrá que aprovechar este resolutivo para unificarse, y determinar de manera democrática que es lo más conveniente para la comunidad, sea cual sea la decisión. El futuro de Tetelcingo sólo debe depender de su pueblo y de nadie más.

Senadora por Morena

CAMBIO CLIMÁTICO; EL GRITO DE LOS JÓVENES

“El planeta bate todos los récords de temperatura casi cada mes. El pasado agosto fue el mes más cálido desde que hay registros globales, que arrancan en 1880, según advirtió en el 2015 la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos”.

Según algunas agencias oficiales internacionales, el 2014 ha sido el año con la temperatura media más alta. En un trabajo periodístico en el 2015, el diario El País señalaba: “es incuestionable que la Tierra se está calentando”. “La atmósfera y el océano se han calentado, los volúmenes de nieve y hielo han disminuido y el nivel del mar se ha elevado”, esto según un diagnóstico del Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) de la ONU.

Pero poco se ha hecho, la radiografía; el diagnóstico del estado de salud de la Tierra sigue siendo patético, las promesas de los gobiernos siguen siendo eso, sólo promesas, sus acciones son insuficientes y se sigue sin alcanzar los objetivos de los Acuerdos de París.

Por eso resulta altamente gratificante cuando por todo el mundo, alrededor de cuatro millones de personas en su mayoría niños y jóvenes, se manifestaron el viernes pasado contra el cambio climático, “una movilización histórica; para exigir acciones a los gobiernos contra el calentamiento global”.

“Esta vez en lugar de que los adultos llevaran a sus hijos a sus actividades políticas, los niños relevaron a los adultos en lo que es una rebelión juvenil para rescatar el futuro”, narró el corresponsal en Nueva York del diario La Jornada, David Brooks, quien destacó el discurso de la joven de 16 años, Greta Thunberg, la estudiante sueca quien se ha convertido en la “cara y voz” de quienes hoy están exigiendo un mundo mejor, más limpio.

Thunberg, desde hace un año, protestaba bajo el lema “Viernes por el Futuro” con el propósito de concientizar a los adultos sobre la emergencia climática. El día de hoy, la joven sueca participará en la Cumbre de la Organización de Naciones Unidas sobre Acción Climática.

En diferentes puntos de México miles de jóvenes se unieron a la movilización global. En la capital del país, ciudadanos e integrantes de agrupaciones defensoras de la naturaleza marcharon y exigieron se declare a México en emergencia climática. Niños y jóvenes gritaron: “Ni un grado más, ni una especie menos”.

El IPCC ha alertado de los fenómenos extremos que el mundo está sufriendo, derivado el cambio climático, y ha advertido que la temperatura a final de siglo podría llegar entre 3.7 y 4.8 grados más si no se toman medidas de control, porque de lo contrario las consecuencias serán desastrosas.

Para ello, algunos científicos han bajado en 2 grados el aumento máximo que el planeta se puede permitir en 2100, por lo que es urgente “recortar las emisiones de gases de efecto invernadero entre un 40% y un 70% en 2050, y llegar a un nivel cero a final de este siglo”.

A pesar de los diagnósticos de científicos de todo el mundo, incluidos los de su país, el presidente estadunidense Donald Trump ha argumentado una y otra vez: “No me lo creo”. Poco o nada le importa al mandatario; lo que le interesa es proteger los intereses de los grandes consorcios americanos, como proteger a la industria del carbón.

La protesta juvenil, a parte de un acicate para los gobernantes de todo el planeta, es alentadora porque significa que este sector mayoritario está tomando conciencia de lo que representa cuidar, proteger la casa en donde viven, donde quienes de una u otra manera tenemos responsabilidades, y debemos atender a este clamor.

Desde luego que para el gobierno debe de ser una prioridad, tener en cuenta los retos que enfrenta México en materia de cambio climático y cuidado del medio ambiente; en el caso del Senado de la República se debe tener en cuenta las propuestas derivadas del “Primer Foro de Análisis de la Política Ambiental Mexicana”, que se llevó a cabo al principio de esta Legislatura, que entre otros temas consideraron prioritario atender cómo es el manejo sustentable de la biodiversidad, el Acuerdo de París, la transición energética y los decretos para la reserva de agua.

Y sí, como afirmó en aquel momento el Coordinador Parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, si  no atendemos los efectos derivados del calentamiento global y no cuidamos nuestros bosques, selvas y agua; “todos vamos a pagar las consecuencias”.

Por ello, es prioritario que contemos con una agenda legislativa estratégica sobre estos temas, dándoles la misma relevancia que otros.

Por otra parte, es alentador el mensaje del titular de la Semarnat, Víctor M. Toledo, en respuesta al llamado de los jóvenes para detener los desequilibrios climáticos en todo el planeta.  “Sus voces unidas se convierten en un grito de alerta, tras 25 años de fracasos, en que ni los gobiernos, ni las empresas, ni los organismos internacionales han logado desactivar la crisis climática.

“Escuchar estos gritos juveniles significa reconocer con honestidad y modestia, las limitadas y erráticas visiones predominantes de quienes dirigen los destinos del mundo, pero sobre todo la miseria de los intereses que imponen poderes dominantes, sin importar los peligros que asechan a la humanidad”, subrayó.

El llamado de Toledo a las y los ciudadanos mexicanos “a detenerse para reflexionar sobre el significado profundo de esta insurgencia de los jóvenes, y a pasar a la acción en la medida de sus posibilidades, circunstancias y contextos”; es otro grito que debemos atender, no desoír y no dejarles la responsabilidad a las generaciones emergentes, porque en esta casa llamada planeta Tierra, vivimos individuos y su cuidado es responsabilidad de todos y todas.

Robo de becas; fraude a un proyecto

¿Qué puede uno decir cuando de manera abierta, dando la cara, cientos de jóvenes morelenses han denunciado: “Se roban nuestras becas los funcionarios…” y le reclaman al presidente Andrés Manuel López Obrador, “así no podemos construir el futuro…”?

Frente a este asalto, no podemos guardar silencio, y sí por el contrario apoyar su reclamo y denuncia de quienes se atrevieron hacerlo, tras descubrir irregularidades en los montos de sus becas; además de quererlos afiliar sin su consentimiento a Morena.

Su protesta pública -en varios municipios del estado- significó un acto de total valentía; por lo que es imperativo adoptar medidas oportunas y eficaces para erradicar cualquier irregularidad que se presente y castigar a quienes pretendan hacer del programa “Jóvenes Construyendo Futuro” un negocio personal o de grupo, una tranza que da pena.

Cabe recordar que este programa busca no sólo entregarles dinero, sino integrar a las y los jóvenes en actividades de capacitación para el trabajo, dotarlos de herramientas para una vida mejor, lo que representaría también la disminución del desempleo y la preparación de una reserva de jóvenes con responsabilidad social y desarrollo productivo.

Lastimosamente, tras la denuncia de la existencia de dos empresas -sólo de membrete-, y con la revisión que se hizo de éstas, se encontró que de ellas no hay direcciones, ni la forma de comprobar que los jóvenes trabajaban allí, como informó el delegado de Programas de Bienestar en Morelos, Hugo Érick Flores, es decir, son empresas ficticias.

Sin embargo, a pesar de no existir legalmente, se registraron como compañías al programa, pero sólo para estafar a los jóvenes y al gobierno; como es el caso de la acusación que existe contra el ex candidato del Partido Humanista, Arnulfo Montes Cuen, quien ha sido acusado de tener registrados por lo menos a 500 jóvenes, con quien presuntamente habría acordado quedarse con mil pesos de los tres mil que reciben de ayuda, sin tener que trabajar o capacitarse como becarios.

Quienes idearon asaltar de esta manera a los jóvenes no sólo están traicionándolos, sino al mismo proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyo propósito no sólo busca que se les entregue una beca, sino la gran posibilidad de seguir estudiando e integrarse al trabajo, alejarlos de los vicios y de organizaciones criminales. 

Frente a este robo de sus becas o el hecho de que se les haya exigido una parte de las mismas, se debe ver como un crimen, que no debe tener perdón, y sí, por el contrario, actuar de inmediato para enfrentar esta problemática, y mandar un mensaje que se equivocan quienes piensen que se puede seguir practicando la corrupción.

Por esto, es positivo que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social haya presentado las denuncias penales correspondientes para que estos hechos sean investigados y, en su caso, se finquen las responsabilidades correspondientes.

Igual es alentador el que la dependencia haya aclarado que estos muchachos del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” tienen garantizado su derecho a pertenecer a él, a recibir su beca y ser capacitados

Estas acciones fraudulentas no son sólo contra las y los jóvenes de Morelos y del país, sino en contra de un proyecto político y social, y de su propio impulsor el presidente López Obrador.

En la Cuarta Transformación todos debemos actuar con responsabilidad, no permitiendo actos de simulación ni de corrupción. Las empresas o tutores que no estén a la altura de entender la responsabilidad que implica la formación de jóvenes, deben de recibir un serio castigo.

Senadora de Morena

 

Legislar en favor de los jóvenes

Es muy común escuchar la frase trillada, gastada, que no es nueva; como un“slogan”, un enunciado de siempre: “Los jóvenes son el futuro de México”;lamentablemente sólo se ha quedado en eso, en una proposición. En contraste,habrá que decir que “hechos son amores, y no buenas razones”.

Por ello, es altamente significativo que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya entregado a los y las atletas participantes en los Juegos Panamericanos y ParaPanamericanos de Lima 2019, estímulos económicos; así como también a las y los entrenadores de las delegaciones mexicanas participantes.

Lograron récords históricos que hicieron destacar a México en el medallero, por lo que el presidente los motivó a seguir por el mismo rumbo, a hasta llegar a Tokio 2020.

Hay otro dicho que dice: “No sólo de pan vive el hombre”, es necesario, por lo tanto, legislar en favor de las y los jóvenes en nuestro país. Por ello, la semana pasada, como presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte del Senado, y a nombre de ésta, presenté un proyecto de decreto que busca reformar y adicionar los artículos 4 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Es cierto, nuestra Constitución garantiza y vela por el respeto irrestricto de los derechos de los y las jóvenes mexicanas. Sin embargo, lamentablemente, no existe una referencia implícita sobre las facultades para legislar en materia de derechos de los y las jóvenes, como sí existe en favor de los derechos de la niñez y adolescentes.

Fue por esto que propuse en su momento, a la Comisión, adicionar un último párrafo al artículo 4 Constitucional; a fin de crear un marco normativo a favor de nuestros

jóvenes: “Las personas jóvenes tienen derecho a su desarrollo integral, por lo que el Estado deberá garantizará el respeto a este derecho”.

Con esto se debe lograr la concurrencia entre la federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, además de la participación de la ciudadanía, para que permitan su cumplimiento.

La reforma también busca modificar la fracción XIX-P del artículo 73, a fin de dotar de facultades al Congreso de la Unión para legislar en materia de los derechos de las personas jóvenes.

En la tribuna del Senado de la República expresé que dicha soberanía popular “no puede retraerse frente a las necesidades de los jóvenes, por lo que estamos obligados a darles todas las condiciones de desarrollo económico, social, político y cultural”, y legislar así en materia de derechos y en favor de la juventud, además que debe hacer con perspectiva de género y respeto a su identidad.

Como bien señalamos en la iniciativa, las reformas que hemos propuesto buscan que las y los jóvenes sean sujetos de derechos, pues por décadas han quedado marginados y olvidados, amén de ser excluidos del desarrollo y de la toma de decisiones en nuestro país.

Sin embargo, un hecho es claro, a nivel internacional México tienen un rezago en el reconocimiento de los derechos de las y los jóvenes. No es posible que países como Costa Rica, Bolivia, Perú, Uruguay y Chile, tenga ya leyes que reconocen plenamente los derechos de los jóvenes.

Basados en la Agenda de Desarrollo Sostenible 20-30, de la Organización de las Naciones Unidas, la participación de los jóvenes hoy es más importante que nunca, por lo que el Estado mexicano no puede soslayar el bono democrático juvenil; por el contrario, está obligado a potencializarlo y llevarlo a estadios internacionales.

No está de más recordar que recientemente desde la misma Cámara Alta exhortamos al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores nos remitiera la firma de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, para que a la brevedad, a partir de las facultades que tenemos, la ratifiquemos.

Los y las jóvenes, para los últimos tres presidentes de la República, sólo han estado presentes en sus discursos. Hace 13 años el gobierno mexicano firmó la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes celebrada en Badajoz, España. El rezago y la falta de reconocimiento a sus derechos civiles, sociales, políticos, educativos y culturales, es un asunto que debemos atender ya.

Países como España, Argentina, Brasil, Chile y Costa Rica, que forman parte de la Convención Iberoamericana, no sólo ya reconocieron los convenios de dicho acuerdo, sino que incluso cuentan con leyes nacionales de la juventud.

A los y las jóvenes no sólo hay que otorgarles aplausos, reconocimientos y becas; además de convocarlos a encabezar la transformación del país, bien merecen que legislemos a su favor.

Senadora de Morena.

Cuando nos gobernó la delincuencia organizada

Son muchas las aristas con que se puede valorar estos nueve meses de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Uno de sus calificadores es la propia población. Si atendemos las encuestas que han sido publicadas, el jefe del Ejecutivo ha sido aprobado. De acuerdo con la empresa consultora Enkoll 73% de los mexicanos aprueban la gestión del mandatario. Consulta Mitofsky- El Economista le dio una aprobación de 62%, mientras que El Financiero 67%.

Es evidente que no todo está bien, que ha habido errores, equivocaciones y hasta falta de sensibilidad a la hora de tomar decisiones en materia de políticas públicas, al grado que algunos funcionarios del gabinete han tenido que ofrecer disculpas.

En particular, quiero exponer un asunto que estoy convencida es de suma importancia, porque tiene que ver con como lo planteó en su momento el candidato López Obrador, que los mexicanos íbamos a experimentar un cambio de régimen y no de gobierno.

Apenas había trascurrido 13 meses del gobierno de Enrique Peña Nieto y el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2013, le daba una calificación reprobatoria de 34 puntos, en una escala de cero a 100. Transparencia Internacional fue el organismo que se encargó de calcular este índice.

El gobierno peñista, para ese momento, había presentado al Senado de la República una reforma constitucional que proponía la creación de un organismo anticorrupción.

Desde la llegada del gobierno de López Obrador no ha habido un día, y aún antes, en que los medios de comunicación no den cuenta de la enorme corrupción que practicó el propio Peña Nieto, colaboradores y su amigos empresarios.

Desde muy joven el mexiquense se pintó para corrupto. El equipo de Aristegui noticias reveló que la tesis para obtener la licenciatura, en al menos una tercera parte del texto había sido un plagio, aunque la “casa blanca” fue, sin lugar a duda, el sello, el símbolo que lo marcó, el de la corrupción.

Como gobernador por el Estado de México mostró su “gusto” por los chanchullos que desde entonces hizo, por ejemplo, con Grupo Higa, luego sumaría a OHL, Odebrecht, y así una lista larga, larga, pero verdaderamente larga que por donde quiera dejó huellas, junto con su equipo de colaboradores que pareciera, dieron una ardua pelea para ver no quién era el mejor funcionario, sino el más corrupto.

A través de notas informativas, reportajes y hasta videos, salieron a relucir sobornos que obtuvieron funcionarios públicos como Gerardo Ruiz Esparza, Enrique Ochoa Reza  y Emilio Lozoya Austin, Luis Videgaray, Alberto Elías Beltrán, André Arthur Glorieux González, Alejandro Gutiérrez y muchos más.

La lista no queda ahí, desde luego está Rosario Robles señalada como la principal responsable de la “estafa maestra”, Virgilio Andrade; quien como secretario de la Función Pública concluyó que no se demostró una “materialización de beneficios” en la adquisición de la casa blanca, por lo que dio el caso como “legalmente cerrado”.

No hay uno sólo de sus colaboradores que no esté señalado de transa, de corrupto, de sinvergüenza. Y cómo no recordar, dos personas murieron en agosto de 2016 tras caer en el socavón del Paso Exprés, en la autopista México-Cuernavaca, cuya obra se retrasó cuatro meses y costó el doble: De mil 45 millones de pesos pasó a 2 mil 200 millones de pesos.

Quienes fueron el orgullo de Peña Nieto, por ser la “nueva generación” de gobernadores priistas que más bien parecían una banda de asaltantes, utilizaban, para camuflarse, el sobre nombre de “señor gobernador”. La lista también es enorme: Javier Duarte, César Duarte, Roberto Sandoval, Roberto Borge, Rodrigo Medina, Eugenio Hernández, Tomás Yarrington, etc.

Aquellos y estos seguramente no llenaron únicamente con miles de millones de pesos en sus bolsillos, sino que en sus cuentas bancarias y/o casas de seguridad al estilo del empresario chino Zhenli Ye Gon. Según algunos medios de comunicación, 28 gobernadores priistas “acumulan al menos 140 mil 338 millones 600 mil pesos, sin solventar auditorías desde 2012 a enero de 2018.

A diario conocemos como sale por donde quiera pues la corrupción, El de Peña Nieto ha sido, como lo ha documentado la prensa mexicana, el gobierno más corrupto de la historia del país. Miguel Alemán se quedó corto.

En días pasados nos hemos enterado como desde Los Pinos, presuntamente, sobornaban a particulares y compañías, donde operaba el mismísimo Humberto Castillejos, hombre de todas las confianzas de Peña Nieto, y quien encabezaba la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República.

Cuando el 18 de julio del 2016 Peña Nieto promulgó las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción pidió perdón por lo de la “casa blanca”: “No obstante que me conduje conforme a la ley, este error afectó a mi familia, lastimó la investidura presidencial y dañó la confianza en el gobierno. En carne propia sentí la irritación de los mexicanos. La entiendo perfectamente, por eso, con toda humildad, les pido perdón”, dijo con cara de arrepentimiento.

Peña quiso hacernos creer que nos gobernaba un hombre humilde, sensible, honesto. No, nos gobernó la delincuencia organizada.

Senadora de Morena

Desde el Senado

 

Juventud, medalla de oro

Cuando redacto la presente entrega disfruto el triunfo de la mexicana Laura Galván, que el viernes pasado le dio a nuestro país la presea 29 de oro, en los cinco mil metros planos. Emoción y orgullo me embargó.

A las y los jóvenes deportistas que participaron en los Juegos Panamericanos “Lima 2019”, debemos reconocerles, desde luego sus resultados, pero al mismo tiempo seguir impulsándolos y darles todas las facilidades para que continúen entrenando y para que puedan seguir con sus estudios.

Su reconocimiento debe ser trascendente. A partir del año 2000 cada 12 de agosto -como el día de hoy-, se lleva a cabo la celebración del Día Internacional de la Juventud, proclamado por la Organización de las Naciones Unidas, y cuyo propósito es destacar el papel que tienen los jóvenes en el desarrollo de la sociedad, y en el mundo en general. Una de las intenciones es llamar la atención de los problemas que enfrentan y encontrar posibles soluciones y mecanismos de apoyo.

De acuerdo con ONU, casi un quinto de la población mundial que representa 1.2 billones, son  jóvenes entre 15 y 24 años. Esto nos obliga a reconocer la importancia y el papel de la juventud para hacer frente a los nuevos retos y desafíos del mundo.

La juventud, hoy en día, juega un rol de primera importancia en la implementación de nuevas tendencias y tecnologías de la información, la culminación de un estilo de vida amigable con el medio ambiente y su exigencia de respeto a sus derechos humanos.

Por ello, desde el Congreso de la Unión, hemos impulsado un trabajo bicameral para la creación de una inédita Ley General de las Juventudes, producto de una serie de foros consultivos -Parlamento Abierto- donde se ha recogido el sentir de las y los jóvenes de México.

Como presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte del Senado de la República, hemos trabajado en el diseño de un instrumento jurídico en el cual los derechos y garantías de las personas jóvenes se puedan cristalizar, en un ordenamiento federal con base a la agenda de desarrollo sostenible 2030 de la ONU.

En México una de las tareas primordiales en favor de la juventud es empoderarlos a través de mecanismos y programas que les brinden las herramientas necesarias, en aras de un desarrollo óptimo e integral, construyendo espacios cívicos, físicos y digitales adecuados, a fin de poder expresarse y comunicar sus opiniones y posturas con total libertad y seguridad.

Por ello, resulta indispensable generar políticas públicas que incluyan y fomenten el desarrollo educativo, artístico, creativo y deportivo. Es tarea ineludible del Estado seguir fortaleciendo y enfatizar el respeto hacia pluralidad de ideas y ante las diferencias, así como continuar contribuyendo en la asertiva aplicación de valores que persigan el objetivo de una convivencia más sana y armoniosa, como la tolerancia, el respeto hacia los demás, la identidad cultural, la solidaridad y la protección del medio ambiente.

Sin embargo, estos propósitos no deben quedar sólo en eso. Por ello, desde el Senado recientemente exhortamos al Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, nos remita la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, junto con su Protocolo para aprobarla a la brevedad.

Este instrumento representa el único tratado internacional centrado específicamente en los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las personas jóvenes, que fue firmado en la ciudad de Badajoz, España, en octubre de 2005 y entró en vigor el 1 de marzo de 2008.

Con su ratificación la convención pasaría a convertirse en norma legal interna de obligatorio cumplimiento para México, así como un documento orientador para el diseño y la implementación de políticas, programas, proyectos e iniciativas en materia de juventud, con enfoque de derechos, que puede ser referenciado y aplicado tanto por el gobierno como por las y los ciudadanos.

Tenemos enfrente un imperioso trabajo coordinado, conjunto, eficiente y eficaz por parte de las instituciones del Estado en sus tres niveles de gobierno, para que, en un esfuerzo de colaboración continua, los gobiernos federales; estatales y municipales cumplan con la tarea de actuar de manera corresponsable en el ámbito de sus competencias, para atender las necesidades de los cerca de 30 millones de jóvenes que viven actualmente en nuestro país.

El tamaño de nuestros jóvenes lo representan los magníficos resultados que alcanzaron en Lima 2019 y, por lo mismo, conviene saber y ser conscientes de que éstos son el presente y futuro de nuestro país; que en su fuerza y energía reside nuestra esperanza como nación, por ello, resulta necesario que forjemos un marco jurídico que les brinde los medios ineludibles para que desplieguen todo su potencial y no olvidar que son los jóvenes quienes tomarán el mando y seguirán construyendo el futuro dorado de nuestro país, un futuro de oro para México.

Senadora de Morena

 

 

ESCATIMAR RECURSOS AL DEPORTE, UN BALAZO EN EL PIE

Cuando el 27 de septiembre del año pasado, como presidente electo, Andrés Manuel López Obrador afirmó que “el deporte es elemento clave en el desarrollo humano”; más aún, que su gobierno habría de fortalecer el deporte olímpico, llamó a los deportistas a prepararse para las próximas olimpiadas y tener buenos resultados: Sus palabras significaron un buen aliento para éstos.

Es claro que sin el apoyo gubernamental aspirar a participar en esa contienda deportiva que se realiza cada cuatro años es complicado, y más alcanzar un puñado de medallas. Por fortuna nuestros compatriotas le ponen, no sólo ganas, sino también alma y corazón, lo que les ha permitido ganar varias preseas.

En aquel momento, al finalizar una reunión privada con el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, en la sede del Comité Olímpico Mexicano (COM), el presidente anunció una inversión sin precedentes de 5 mil millones de dólares; a fin de apoyar a las y los deportistas profesionales y de alto rendimiento, además para promover la participación de los jóvenes en actividades deportivas.

Sin embargo, esos apoyos no se han cumplido. En el análisis realizado al Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2019-2024 de la CONADE, éste señala que “no se estableció ni se previó dentro de sus estrategias, objetivos y líneas de acción, la parte correspondiente a estímulos económicos a deportistas que tuvieran logros y medallas en el marco de la justa deportiva de los Juegos Panamericanos de Lima 2019”.

Lo dijimos antes y lo reiteramos ahora. Desde la antesala de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 nuestros deportistas no recibieron los apoyos económicos de las becas que están presupuestadas dentro de la CONADE. Señalamos la gravedad del tema, ya que ninguno de los atletas participantes recibió en su totalidad los recursos programados.

Desde luego, los recursos no deben pensarse única y exclusivamente en favor del deporte de alto rendimiento. Una de las prioridades de la política deportiva nacional es disminuir el nivel de sedentarismo de la población, capacitar a entrenadores y promotores deportivos; donde la participación e intervención de los municipios sea un compromiso institucional, para contribuir al desarrollo del deporte en nuestro país.

Una de las prioridades de este gobierno es el que los jóvenes tengan alternativas en el ámbito del deporte, que les permitan desarrollarse y alejarse de actividades nocivas para su salud y de escenarios de violencia, delincuencia y conductas antisociales.

Sobre la base del diagnóstico del deporte mexicano, el proceso de deporte escolar e iniciación deportiva en México no se ha consolidado debido a que en la mayoría de las escuelas del nivel primaria y secundaria del país no se cuenta con la infraestructura, equipamiento y recursos humanos adecuados, además de la poca disponibilidad de horarios en los que el alumnado pudiese recibir 4 o 5 veces por semana una educación deportiva efectiva.

Como presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte, desde el Congreso de la Unión he hecho un llamado respetuoso al Poder Ejecutivo para que, en un ámbito de colaboración respetuosa y de coordinación institucional, se fortalezcan los aspectos como la planeación estratégica a mediano y largo plazo para el desarrollo del deporte nacional, y generar una nueva etapa de estabilidad prolongada con programas y planes realmente eficaces y eficientes.

Nuestro principal interés, como corresponsables de la política deportiva, es saber a profundidad lo que está ocurriendo en nuestro país con la cultura física y el deporte, con el firme objetivo de generar reformas que permitan a este organismo potenciar su operación y con el ineludible compromiso de impulsar las disciplinas deportivas y el deporte de alto rendimiento.

Por ello, hemos hecho con pleno respeto a la autonomía y al Pacto Federal, un llamado al Secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, que se abra la partida financiera correspondiente y, se otorguen recursos económicos bajo el esquema legal existente, a los ganadores de la delegación deportiva mexicana participante en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Al terminar de redactar esta entrega, el sábado pasado, nuestra delegación deportiva estaba en el segundo lugar del medallero olímpico Lima 2019, sólo por debajo de Estados Unidos; Canadá en tercero. Esta importante actuación de todas y todos los deportistas mexicanos debe obligar a las autoridades y al Congreso de la Unión a reiterarles no sólo todo nuestro apoyo y, reconocer su esfuerzo y sus logros en la justa deportiva, además de cumplir los compromisos.

Escatimar recursos al deporte es como darle a la 4T un balazo en el pie.

Lucía Meza Guzmán / Senadora por Morena

El Instituto Nacional de Migración que heredó Peña Nieto

Sin tratar de esconder las condiciones de las estaciones migratorias del país el Comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, reconoció frente a los reporteros que le preguntaron sobre las circunstancias de dichos centros: “son deplorables”.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha venido haciendo señalamientos de que en algunos de esos centros se padecen de chinches, hacinamiento y alimentos en mal estado; por lo que el propio gobierno destinará 60 millones de pesos del “Fondo Yucatán”, para un nuevo modelo de estaciones migratorias.

El gobierno federal, a través del INM, está atendiendo una crisis de gran envergadura, compleja, sin poder ofrecer, lamentablemente, las condiciones ideales a los miles y miles de migrantes en todo el territorio nacional, sobre todo cuando las administraciones anteriores hicieron del INM no un organismo con mística de servicio, sino una “guarida de corrupción”.

El INM ha sido, al menos en las tres últimas décadas, un espacio para hacer dinero. Miles de migrantes son extorsionados por parte del personal de esta institución, que en complicidad con los llamados “polleros” los engañan y roban el dinero que llevan, para poder cruzar y sobrevivir en su objetivo de alcanzar el “sueño americano”.

Ardelio Vargas Fosado, quien dos meses después de su nombramiento como titular del INM por parte del entonces presidente de la República, Enrique Peña Nieto, “fue descalificado por organizaciones defensoras de migrantes por tener antecedentes policiacos”, y estar metido junto con funcionarios del instituto en redes de tráfico de personas y de trata en todo el país.

En noviembre de 2013 Ardelio Vargas quiso mostrarse como el Comisionado que iba a limpiar de corrupción al INM, cuando destituyó a delegados “por haber abusado de menores y haber hecho negocios con migrantes”. Pero esa acción fue sólo una mascarada.

Al menos en dos trabajos periodísticos podemos ver el verdadero rostro de Vargas Fosado quien aprovechó su responsabilidad para “conseguir la forma de ganar dinero en abundancia al margen del cargo que ostentó, luego de la invitación del presidente Enrique Peña Nieto, el hombre para quien ya había trabajado desde que éste era gobernador del Estado de México”.

Fernando Maldonado, publicó el 9 de agosto de 2018, un texto en el portal “e-Consulta” que tituló: “Herencias de Ardelio”, donde afirma que el funcionario “operó a través de un grupo de despachos, algunos de ellos bajo el mando de familiares en segundo grado, la forma de que inmigrantes de otras nacionalidades ingresaran a México con visa de trabajo”.

En su columna consideraba que “la herencia de un hombre como Ardelio Vargas, a quien se le había considerado un mando de élite que devino en pollero, facilitó el ingreso de un número incuantificable de migrantes a través de procesos simulados”.

Otro trabajo singular fue el que publicó María Idalia Gómez en el portal “Eje Central”, el 20 de junio pasado, que tituló: “El diagnóstico que se tenía”, donde precisa que “el primer diagnóstico profundo que se tuvo de la frontera sur de México se hizo a finales de los años 90´s (y que) El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) lo elaboró, incluso con datos de las Fuerzas Armadas”.

Detalló que en dicho diagnóstico, “se conocieron grupos criminales en ambos lados de la frontera, las condiciones económicas y de estabilidad política; las rutas de migración y las formas de corrupción, incluyendo los caciques que se beneficiaban del semi exclavismo al que se sometían a los migrantes, especialmente centroamericanos”.

La periodista detalla en su trabajo periodístico que en los últimos 18 años las redes de corrupción desde México no se tocaron y que, por contrario, “se fortalecieron, especialmente, en el último sexenio”, donde el INM fue clave y desde allí dos comisionados del gobierno de EPN, Ardelio Vargas y Gerardo García Benavente, “construyeron varias redes de corrupción, de acuerdo con información que se tiene en EU”.

Asegura que Vargas Fosado “tenía en el INM a 60 familiares trabajando; además estructuró diferentes redes y se cobraba a chinos, colombianos, centroamericanos y argentinos entre 10 y 50 mil pesos semestrales por darles trabajo y en el caso de legalización la suma se duplicaba o triplicaba dependiendo el país de origen”.

Frente a esta radiografía, es más que claro que el INM heredado de Peña Nieto a Andrés Manuel López Obrador es un “cochinero”, una “estación de extorsionadores”, que cobran en dólares, que engañan a los migrantes, que juegan con sus sueños de llegar a los EU, y que ahora hay la decisión de limpiarla.

Por ello es interesante la propuesta del Comisionado Garduño cuando plantea que como en el caso de los reclusorios federales, que hay un organismo como la Asociación de Correccionales de América (ACA) que los certifica, una asociación internacional de migración certifique los albergues en el mundo, desde luego a los mexicanos también a partir de estándares internacionales a fin de homogenizar protocolos, normas y disciplinas al interior de las estaciones migratorias como en los penales federales.

Lucía Meza Guzmán / Senadora por Morena

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