Legislar en favor de los jóvenes

Es muy común escuchar la frase trillada, gastada, que no es nueva; como un“slogan”, un enunciado de siempre: “Los jóvenes son el futuro de México”;lamentablemente sólo se ha quedado en eso, en una proposición. En contraste,habrá que decir que “hechos son amores, y no buenas razones”.

Por ello, es altamente significativo que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya entregado a los y las atletas participantes en los Juegos Panamericanos y ParaPanamericanos de Lima 2019, estímulos económicos; así como también a las y los entrenadores de las delegaciones mexicanas participantes.

Lograron récords históricos que hicieron destacar a México en el medallero, por lo que el presidente los motivó a seguir por el mismo rumbo, a hasta llegar a Tokio 2020.

Hay otro dicho que dice: “No sólo de pan vive el hombre”, es necesario, por lo tanto, legislar en favor de las y los jóvenes en nuestro país. Por ello, la semana pasada, como presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte del Senado, y a nombre de ésta, presenté un proyecto de decreto que busca reformar y adicionar los artículos 4 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Es cierto, nuestra Constitución garantiza y vela por el respeto irrestricto de los derechos de los y las jóvenes mexicanas. Sin embargo, lamentablemente, no existe una referencia implícita sobre las facultades para legislar en materia de derechos de los y las jóvenes, como sí existe en favor de los derechos de la niñez y adolescentes.

Fue por esto que propuse en su momento, a la Comisión, adicionar un último párrafo al artículo 4 Constitucional; a fin de crear un marco normativo a favor de nuestros

jóvenes: “Las personas jóvenes tienen derecho a su desarrollo integral, por lo que el Estado deberá garantizará el respeto a este derecho”.

Con esto se debe lograr la concurrencia entre la federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, además de la participación de la ciudadanía, para que permitan su cumplimiento.

La reforma también busca modificar la fracción XIX-P del artículo 73, a fin de dotar de facultades al Congreso de la Unión para legislar en materia de los derechos de las personas jóvenes.

En la tribuna del Senado de la República expresé que dicha soberanía popular “no puede retraerse frente a las necesidades de los jóvenes, por lo que estamos obligados a darles todas las condiciones de desarrollo económico, social, político y cultural”, y legislar así en materia de derechos y en favor de la juventud, además que debe hacer con perspectiva de género y respeto a su identidad.

Como bien señalamos en la iniciativa, las reformas que hemos propuesto buscan que las y los jóvenes sean sujetos de derechos, pues por décadas han quedado marginados y olvidados, amén de ser excluidos del desarrollo y de la toma de decisiones en nuestro país.

Sin embargo, un hecho es claro, a nivel internacional México tienen un rezago en el reconocimiento de los derechos de las y los jóvenes. No es posible que países como Costa Rica, Bolivia, Perú, Uruguay y Chile, tenga ya leyes que reconocen plenamente los derechos de los jóvenes.

Basados en la Agenda de Desarrollo Sostenible 20-30, de la Organización de las Naciones Unidas, la participación de los jóvenes hoy es más importante que nunca, por lo que el Estado mexicano no puede soslayar el bono democrático juvenil; por el contrario, está obligado a potencializarlo y llevarlo a estadios internacionales.

No está de más recordar que recientemente desde la misma Cámara Alta exhortamos al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores nos remitiera la firma de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, para que a la brevedad, a partir de las facultades que tenemos, la ratifiquemos.

Los y las jóvenes, para los últimos tres presidentes de la República, sólo han estado presentes en sus discursos. Hace 13 años el gobierno mexicano firmó la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes celebrada en Badajoz, España. El rezago y la falta de reconocimiento a sus derechos civiles, sociales, políticos, educativos y culturales, es un asunto que debemos atender ya.

Países como España, Argentina, Brasil, Chile y Costa Rica, que forman parte de la Convención Iberoamericana, no sólo ya reconocieron los convenios de dicho acuerdo, sino que incluso cuentan con leyes nacionales de la juventud.

A los y las jóvenes no sólo hay que otorgarles aplausos, reconocimientos y becas; además de convocarlos a encabezar la transformación del país, bien merecen que legislemos a su favor.

Senadora de Morena.

Juventud, medalla de oro

Cuando redacto la presente entrega disfruto el triunfo de la mexicana Laura Galván, que el viernes pasado le dio a nuestro país la presea 29 de oro, en los cinco mil metros planos. Emoción y orgullo me embargó.

A las y los jóvenes deportistas que participaron en los Juegos Panamericanos “Lima 2019”, debemos reconocerles, desde luego sus resultados, pero al mismo tiempo seguir impulsándolos y darles todas las facilidades para que continúen entrenando y para que puedan seguir con sus estudios.

Su reconocimiento debe ser trascendente. A partir del año 2000 cada 12 de agosto -como el día de hoy-, se lleva a cabo la celebración del Día Internacional de la Juventud, proclamado por la Organización de las Naciones Unidas, y cuyo propósito es destacar el papel que tienen los jóvenes en el desarrollo de la sociedad, y en el mundo en general. Una de las intenciones es llamar la atención de los problemas que enfrentan y encontrar posibles soluciones y mecanismos de apoyo.

De acuerdo con ONU, casi un quinto de la población mundial que representa 1.2 billones, son  jóvenes entre 15 y 24 años. Esto nos obliga a reconocer la importancia y el papel de la juventud para hacer frente a los nuevos retos y desafíos del mundo.

La juventud, hoy en día, juega un rol de primera importancia en la implementación de nuevas tendencias y tecnologías de la información, la culminación de un estilo de vida amigable con el medio ambiente y su exigencia de respeto a sus derechos humanos.

Por ello, desde el Congreso de la Unión, hemos impulsado un trabajo bicameral para la creación de una inédita Ley General de las Juventudes, producto de una serie de foros consultivos -Parlamento Abierto- donde se ha recogido el sentir de las y los jóvenes de México.

Como presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte del Senado de la República, hemos trabajado en el diseño de un instrumento jurídico en el cual los derechos y garantías de las personas jóvenes se puedan cristalizar, en un ordenamiento federal con base a la agenda de desarrollo sostenible 2030 de la ONU.

En México una de las tareas primordiales en favor de la juventud es empoderarlos a través de mecanismos y programas que les brinden las herramientas necesarias, en aras de un desarrollo óptimo e integral, construyendo espacios cívicos, físicos y digitales adecuados, a fin de poder expresarse y comunicar sus opiniones y posturas con total libertad y seguridad.

Por ello, resulta indispensable generar políticas públicas que incluyan y fomenten el desarrollo educativo, artístico, creativo y deportivo. Es tarea ineludible del Estado seguir fortaleciendo y enfatizar el respeto hacia pluralidad de ideas y ante las diferencias, así como continuar contribuyendo en la asertiva aplicación de valores que persigan el objetivo de una convivencia más sana y armoniosa, como la tolerancia, el respeto hacia los demás, la identidad cultural, la solidaridad y la protección del medio ambiente.

Sin embargo, estos propósitos no deben quedar sólo en eso. Por ello, desde el Senado recientemente exhortamos al Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, nos remita la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, junto con su Protocolo para aprobarla a la brevedad.

Este instrumento representa el único tratado internacional centrado específicamente en los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las personas jóvenes, que fue firmado en la ciudad de Badajoz, España, en octubre de 2005 y entró en vigor el 1 de marzo de 2008.

Con su ratificación la convención pasaría a convertirse en norma legal interna de obligatorio cumplimiento para México, así como un documento orientador para el diseño y la implementación de políticas, programas, proyectos e iniciativas en materia de juventud, con enfoque de derechos, que puede ser referenciado y aplicado tanto por el gobierno como por las y los ciudadanos.

Tenemos enfrente un imperioso trabajo coordinado, conjunto, eficiente y eficaz por parte de las instituciones del Estado en sus tres niveles de gobierno, para que, en un esfuerzo de colaboración continua, los gobiernos federales; estatales y municipales cumplan con la tarea de actuar de manera corresponsable en el ámbito de sus competencias, para atender las necesidades de los cerca de 30 millones de jóvenes que viven actualmente en nuestro país.

El tamaño de nuestros jóvenes lo representan los magníficos resultados que alcanzaron en Lima 2019 y, por lo mismo, conviene saber y ser conscientes de que éstos son el presente y futuro de nuestro país; que en su fuerza y energía reside nuestra esperanza como nación, por ello, resulta necesario que forjemos un marco jurídico que les brinde los medios ineludibles para que desplieguen todo su potencial y no olvidar que son los jóvenes quienes tomarán el mando y seguirán construyendo el futuro dorado de nuestro país, un futuro de oro para México.

Senadora de Morena

 

 

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