Cuando nos gobernó la delincuencia organizada

Son muchas las aristas con que se puede valorar estos nueve meses de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Uno de sus calificadores es la propia población. Si atendemos las encuestas que han sido publicadas, el jefe del Ejecutivo ha sido aprobado. De acuerdo con la empresa consultora Enkoll 73% de los mexicanos aprueban la gestión del mandatario. Consulta Mitofsky- El Economista le dio una aprobación de 62%, mientras que El Financiero 67%.

Es evidente que no todo está bien, que ha habido errores, equivocaciones y hasta falta de sensibilidad a la hora de tomar decisiones en materia de políticas públicas, al grado que algunos funcionarios del gabinete han tenido que ofrecer disculpas.

En particular, quiero exponer un asunto que estoy convencida es de suma importancia, porque tiene que ver con como lo planteó en su momento el candidato López Obrador, que los mexicanos íbamos a experimentar un cambio de régimen y no de gobierno.

Apenas había trascurrido 13 meses del gobierno de Enrique Peña Nieto y el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2013, le daba una calificación reprobatoria de 34 puntos, en una escala de cero a 100. Transparencia Internacional fue el organismo que se encargó de calcular este índice.

El gobierno peñista, para ese momento, había presentado al Senado de la República una reforma constitucional que proponía la creación de un organismo anticorrupción.

Desde la llegada del gobierno de López Obrador no ha habido un día, y aún antes, en que los medios de comunicación no den cuenta de la enorme corrupción que practicó el propio Peña Nieto, colaboradores y su amigos empresarios.

Desde muy joven el mexiquense se pintó para corrupto. El equipo de Aristegui noticias reveló que la tesis para obtener la licenciatura, en al menos una tercera parte del texto había sido un plagio, aunque la “casa blanca” fue, sin lugar a duda, el sello, el símbolo que lo marcó, el de la corrupción.

Como gobernador por el Estado de México mostró su “gusto” por los chanchullos que desde entonces hizo, por ejemplo, con Grupo Higa, luego sumaría a OHL, Odebrecht, y así una lista larga, larga, pero verdaderamente larga que por donde quiera dejó huellas, junto con su equipo de colaboradores que pareciera, dieron una ardua pelea para ver no quién era el mejor funcionario, sino el más corrupto.

A través de notas informativas, reportajes y hasta videos, salieron a relucir sobornos que obtuvieron funcionarios públicos como Gerardo Ruiz Esparza, Enrique Ochoa Reza  y Emilio Lozoya Austin, Luis Videgaray, Alberto Elías Beltrán, André Arthur Glorieux González, Alejandro Gutiérrez y muchos más.

La lista no queda ahí, desde luego está Rosario Robles señalada como la principal responsable de la “estafa maestra”, Virgilio Andrade; quien como secretario de la Función Pública concluyó que no se demostró una “materialización de beneficios” en la adquisición de la casa blanca, por lo que dio el caso como “legalmente cerrado”.

No hay uno sólo de sus colaboradores que no esté señalado de transa, de corrupto, de sinvergüenza. Y cómo no recordar, dos personas murieron en agosto de 2016 tras caer en el socavón del Paso Exprés, en la autopista México-Cuernavaca, cuya obra se retrasó cuatro meses y costó el doble: De mil 45 millones de pesos pasó a 2 mil 200 millones de pesos.

Quienes fueron el orgullo de Peña Nieto, por ser la “nueva generación” de gobernadores priistas que más bien parecían una banda de asaltantes, utilizaban, para camuflarse, el sobre nombre de “señor gobernador”. La lista también es enorme: Javier Duarte, César Duarte, Roberto Sandoval, Roberto Borge, Rodrigo Medina, Eugenio Hernández, Tomás Yarrington, etc.

Aquellos y estos seguramente no llenaron únicamente con miles de millones de pesos en sus bolsillos, sino que en sus cuentas bancarias y/o casas de seguridad al estilo del empresario chino Zhenli Ye Gon. Según algunos medios de comunicación, 28 gobernadores priistas “acumulan al menos 140 mil 338 millones 600 mil pesos, sin solventar auditorías desde 2012 a enero de 2018.

A diario conocemos como sale por donde quiera pues la corrupción, El de Peña Nieto ha sido, como lo ha documentado la prensa mexicana, el gobierno más corrupto de la historia del país. Miguel Alemán se quedó corto.

En días pasados nos hemos enterado como desde Los Pinos, presuntamente, sobornaban a particulares y compañías, donde operaba el mismísimo Humberto Castillejos, hombre de todas las confianzas de Peña Nieto, y quien encabezaba la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República.

Cuando el 18 de julio del 2016 Peña Nieto promulgó las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción pidió perdón por lo de la “casa blanca”: “No obstante que me conduje conforme a la ley, este error afectó a mi familia, lastimó la investidura presidencial y dañó la confianza en el gobierno. En carne propia sentí la irritación de los mexicanos. La entiendo perfectamente, por eso, con toda humildad, les pido perdón”, dijo con cara de arrepentimiento.

Peña quiso hacernos creer que nos gobernaba un hombre humilde, sensible, honesto. No, nos gobernó la delincuencia organizada.

Senadora de Morena

Desde el Senado

 

La inseguridad en Morelos, asunto de todos

La crisis de seguridad que vivimos en Morelos no se puede negar a través de un comunicado de prensa, como tampoco asegurar que no la hay sólo por decreto. Por eso ha sido importante, en un principio,que el propio gobernador Cuauhtémoc Blanco haya reconocido que “hay un chingo” de delincuentes.

Lamentablemente en Morelos uno de los principales reclamos sociales es el de la inseguridad. Es por eso por lo que, en dos marchas ciudadanas, la sociedad civil ha expresado su inconformidad, particularmente por parte de grupos de feministas que demandanseguridad ante el incremento de los feminicidios.

Morelos enfrenta momentos complicados en materia de inseguridad porque se quiera o no, la entidad es un espacio, por diversas circunstancias, demasiado atractivo para la delincuencia, desde el ladrón “convencional” hasta los grupos  organizados, aunque no necesariamente como consecuencia de latransición como algunos han señalado.

Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), a partir de que asumió funciones Cuauhtémoc Blanco Bravo, se perpetraron 94 asesinatos; 84 en noviembre y 93 en diciembre; 187 de los 271 homicidios fueron dolosos; se contabilizaron 10 feminicidios; seis de ellos en diciembre; se cometieron 21 secuestros; cinco en octubre, ocho en noviembre y ocho en diciembre. Asimismo, en ese periodo se contabilizaron 4 mil 285 robos; la cifra más alta se dio en octubre, con mil 543 casos. (La Jornada-Estados 28 de enero 2019).

Buena parte de la responsabilidad por la inseguridad la tiene también la falta de desarrollo social y económico que ha incidido y provocado que varios sectores de la población, como viene sucedido en todo el país, encuentren en la delincuencia una salida, sí; pero falsa.

Por ello es necesario tener un diagnóstico que nos permita precisar dónde se encuentran lo focos rojos o los puntos de riesgo donde actúa la delincuencia, pero también determinar dónde el Estado es responsable de la incidencia delictiva, sobre todo cuando no hay un plan de prevención del delito.

En este sentido es importante que el diagnóstico y las salidas las encuentre no sólo el gobierno estatal; debe ir acompañado de los gobiernos municipales, del gobierno federal y, de manera particular, de las organizaciones no gubernamentales que en Morelos han tenido una destacada participación en esta lucha. 

Debemos hablar de que en la entidad estamos obligados a conjugar todos los verbos que nos permitan atenuar, en un primer momento, este grave problema y, posteriormente irlo resolviendo en la medida de los posible, porque afirmar que se acabará, sería demagogia pura.

Morelos como el resto de las entidades del país tienen en la Guardia Nacional, que fue aprobada recientemente por unanimidad en el Senado y luego en la Cámara de Diputados, un apoyo fundamental a través de un mando civil de las fuerzas armadas para que éstas salgan a las calles en apoyo a las policías estatales y municipales.

Es preocupante sí, el incremento en los delitos denominados de alto impacto: el homicidio doloso, feminicidio, secuestro, robo con violencia y el robo de automóviles, el incremento de los secuestros, como también de los homicidios dolosos, que ha llevado a Morelos al sexto lugar a nivel nacional con mayor índice de asesinatos.

La crisis de inseguridad en Morelos es una realidad que nadie ha negado afortunadamente, y reconocerloes un paso importante, como relevante será que nos dejemos de confrontaciones; por el contrario, una de las salidas es sumar, no restar; escucharnos, dejar a un lado las vanidades, la grilla y actuar en unidad, acompañados del gobierno federal, y como ya decía, de la mano de las organizaciones no gubernamentales: La palabra la tenemos todos. La inseguridad, es asunto de todos.

Desde el Senado

Por: Lucy Meza

Senadora por Morena  

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