Baja California decisión del TEPJF

Cuando legisladores de Baja California aprobaron la ampliación del mandato como gobernador de dos a cinco años en favor del senador con licencia de Morena, Jaime Bonilla, se produjo un gran enojo en la sociedad de aquella entidad; del país y desde luego se generó perspicacia.

Esa decisión legislativa provocó una serie de recelos y de escenarios que algunos analistas políticos, de buena o mala leche, calificaron como “peligrosos” para nuestra democracia.

Cuauhtémoc Cárdenas afirmó que, de concretarse aquella disposición ampliada, “sería un precedente grave para que cualquier legislatura estatal o federal pudiera cambiar los términos de vigencia de un mandato” y, afirmó: “con esta decisión se rompe el orden republicano y se lesiona la constitucionalidad”.

En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que si a él lo hubieran consultado habría rechazado la ampliación del periodo de gobierno de Bonilla; porque si lo hubiese autorizado se le caería la cara de vergüenza, y no tendría autoridad moral alguna.

Precisamente esto es el fondo del asunto, porque mientras que el propio presidente ha señalado que el actual no representa un cambio de gobierno, sino de régimen, ya que si la decisión del Congreso bajacaliforniano hubiese sido ratificada, habría significado replicar las formas y modos de los gobiernos pasados.

La decisión del Ejecutivo federal de no meter las manos en este asunto y que lo resolvieran los propios ciudadanos de aquella entidad, el nuevo Congreso local y, en última instancia como sucedió, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), nos muestra que efectivamente estamos ante un cambio de régimen.

Lamentablemente, hay que decirlo sin problema alguno, Jaime Bonilla no supo leer ni entender políticamente la decisión del presidente López Obrador, no pudo estar a la

altura de lo que representa en el fondo la Cuarta Transformación, y que no es sólo un slogan propagandístico, sino un compromiso.

Simplemente habrá que recordar lo que la historia nos enseña, como cuando los presidentes ponían y quitaban gobernadores sin rubor alguno. Luis Echeverria ordenó modificar la Constitución de Sonora para que su consentido, Carlos Armando Biebrich, pudiera acceder a la gubernatura de aquel estado, pero tras una desavenencia entre ambos, Echevarría lo acusó de diversos delitos y el joven político tuvo que dejar el cargo. Ejemplos, hay muchos más.

Así que, por unanimidad, la Sala Superior del TEPJF confirmó el cómputo estatal, la declaración de validez de la elección a la gubernatura de Baja California y la constancia de mayoría a favor de Jaime Bonilla Valdez, por un periodo de dos años, no por cinco como él pretendía.

Cabe destacar que desde el Senado de la República estuvimos al tanto de que se cumpliera el Pacto Federal, sin ser injerencistas, y el hecho mismo de que fue el propio TEPJF que decidió no avalar la determinación del Congreso de Baja California del 23 de julio pasado, lo avala.

Este arbitraje de eminente carácter jurídico, muestra que sí es posible desarmar la estructura política caduca que imponía sus decisiones a partir de sus intereses personales o de grupo, por eso mismo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, indicó que “no se puede atentar contra el principio de certeza jurídica”; es decir, que no podemos pasar por alto en todo lo que ello significa, el cumplimiento del Estado de derecho.

Ya lo he señalado aquí, la decisión que tomó el TEPJF tiene un significado trascedente, porque en primer lugar echa abajo las versiones de quienes aseguraban era un ensayo, para que se diera una reelección presidencial.

De igual manera, todos estamos obligados a atender el principio de certeza jurídica y sobre todo, que se entienda bien, la Cuarta Transformación va por un cambio de régimen y no por una simple simulación.

La intentona de imponer a un personaje como gobernador por más años de los que la ciudadanía votó, es como querer imponer a un candidato a partir de una distribución de cuotas, de una herencia política y no por la experiencia, perfil, simpatías, trabajo o presencia social.

Senadora de Morena

Cuando nos gobernó la delincuencia organizada

Son muchas las aristas con que se puede valorar estos nueve meses de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Uno de sus calificadores es la propia población. Si atendemos las encuestas que han sido publicadas, el jefe del Ejecutivo ha sido aprobado. De acuerdo con la empresa consultora Enkoll 73% de los mexicanos aprueban la gestión del mandatario. Consulta Mitofsky- El Economista le dio una aprobación de 62%, mientras que El Financiero 67%.

Es evidente que no todo está bien, que ha habido errores, equivocaciones y hasta falta de sensibilidad a la hora de tomar decisiones en materia de políticas públicas, al grado que algunos funcionarios del gabinete han tenido que ofrecer disculpas.

En particular, quiero exponer un asunto que estoy convencida es de suma importancia, porque tiene que ver con como lo planteó en su momento el candidato López Obrador, que los mexicanos íbamos a experimentar un cambio de régimen y no de gobierno.

Apenas había trascurrido 13 meses del gobierno de Enrique Peña Nieto y el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2013, le daba una calificación reprobatoria de 34 puntos, en una escala de cero a 100. Transparencia Internacional fue el organismo que se encargó de calcular este índice.

El gobierno peñista, para ese momento, había presentado al Senado de la República una reforma constitucional que proponía la creación de un organismo anticorrupción.

Desde la llegada del gobierno de López Obrador no ha habido un día, y aún antes, en que los medios de comunicación no den cuenta de la enorme corrupción que practicó el propio Peña Nieto, colaboradores y su amigos empresarios.

Desde muy joven el mexiquense se pintó para corrupto. El equipo de Aristegui noticias reveló que la tesis para obtener la licenciatura, en al menos una tercera parte del texto había sido un plagio, aunque la “casa blanca” fue, sin lugar a duda, el sello, el símbolo que lo marcó, el de la corrupción.

Como gobernador por el Estado de México mostró su “gusto” por los chanchullos que desde entonces hizo, por ejemplo, con Grupo Higa, luego sumaría a OHL, Odebrecht, y así una lista larga, larga, pero verdaderamente larga que por donde quiera dejó huellas, junto con su equipo de colaboradores que pareciera, dieron una ardua pelea para ver no quién era el mejor funcionario, sino el más corrupto.

A través de notas informativas, reportajes y hasta videos, salieron a relucir sobornos que obtuvieron funcionarios públicos como Gerardo Ruiz Esparza, Enrique Ochoa Reza  y Emilio Lozoya Austin, Luis Videgaray, Alberto Elías Beltrán, André Arthur Glorieux González, Alejandro Gutiérrez y muchos más.

La lista no queda ahí, desde luego está Rosario Robles señalada como la principal responsable de la “estafa maestra”, Virgilio Andrade; quien como secretario de la Función Pública concluyó que no se demostró una “materialización de beneficios” en la adquisición de la casa blanca, por lo que dio el caso como “legalmente cerrado”.

No hay uno sólo de sus colaboradores que no esté señalado de transa, de corrupto, de sinvergüenza. Y cómo no recordar, dos personas murieron en agosto de 2016 tras caer en el socavón del Paso Exprés, en la autopista México-Cuernavaca, cuya obra se retrasó cuatro meses y costó el doble: De mil 45 millones de pesos pasó a 2 mil 200 millones de pesos.

Quienes fueron el orgullo de Peña Nieto, por ser la “nueva generación” de gobernadores priistas que más bien parecían una banda de asaltantes, utilizaban, para camuflarse, el sobre nombre de “señor gobernador”. La lista también es enorme: Javier Duarte, César Duarte, Roberto Sandoval, Roberto Borge, Rodrigo Medina, Eugenio Hernández, Tomás Yarrington, etc.

Aquellos y estos seguramente no llenaron únicamente con miles de millones de pesos en sus bolsillos, sino que en sus cuentas bancarias y/o casas de seguridad al estilo del empresario chino Zhenli Ye Gon. Según algunos medios de comunicación, 28 gobernadores priistas “acumulan al menos 140 mil 338 millones 600 mil pesos, sin solventar auditorías desde 2012 a enero de 2018.

A diario conocemos como sale por donde quiera pues la corrupción, El de Peña Nieto ha sido, como lo ha documentado la prensa mexicana, el gobierno más corrupto de la historia del país. Miguel Alemán se quedó corto.

En días pasados nos hemos enterado como desde Los Pinos, presuntamente, sobornaban a particulares y compañías, donde operaba el mismísimo Humberto Castillejos, hombre de todas las confianzas de Peña Nieto, y quien encabezaba la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República.

Cuando el 18 de julio del 2016 Peña Nieto promulgó las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción pidió perdón por lo de la “casa blanca”: “No obstante que me conduje conforme a la ley, este error afectó a mi familia, lastimó la investidura presidencial y dañó la confianza en el gobierno. En carne propia sentí la irritación de los mexicanos. La entiendo perfectamente, por eso, con toda humildad, les pido perdón”, dijo con cara de arrepentimiento.

Peña quiso hacernos creer que nos gobernaba un hombre humilde, sensible, honesto. No, nos gobernó la delincuencia organizada.

Senadora de Morena

Desde el Senado

 

ESCATIMAR RECURSOS AL DEPORTE, UN BALAZO EN EL PIE

Cuando el 27 de septiembre del año pasado, como presidente electo, Andrés Manuel López Obrador afirmó que “el deporte es elemento clave en el desarrollo humano”; más aún, que su gobierno habría de fortalecer el deporte olímpico, llamó a los deportistas a prepararse para las próximas olimpiadas y tener buenos resultados: Sus palabras significaron un buen aliento para éstos.

Es claro que sin el apoyo gubernamental aspirar a participar en esa contienda deportiva que se realiza cada cuatro años es complicado, y más alcanzar un puñado de medallas. Por fortuna nuestros compatriotas le ponen, no sólo ganas, sino también alma y corazón, lo que les ha permitido ganar varias preseas.

En aquel momento, al finalizar una reunión privada con el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, en la sede del Comité Olímpico Mexicano (COM), el presidente anunció una inversión sin precedentes de 5 mil millones de dólares; a fin de apoyar a las y los deportistas profesionales y de alto rendimiento, además para promover la participación de los jóvenes en actividades deportivas.

Sin embargo, esos apoyos no se han cumplido. En el análisis realizado al Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2019-2024 de la CONADE, éste señala que “no se estableció ni se previó dentro de sus estrategias, objetivos y líneas de acción, la parte correspondiente a estímulos económicos a deportistas que tuvieran logros y medallas en el marco de la justa deportiva de los Juegos Panamericanos de Lima 2019”.

Lo dijimos antes y lo reiteramos ahora. Desde la antesala de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 nuestros deportistas no recibieron los apoyos económicos de las becas que están presupuestadas dentro de la CONADE. Señalamos la gravedad del tema, ya que ninguno de los atletas participantes recibió en su totalidad los recursos programados.

Desde luego, los recursos no deben pensarse única y exclusivamente en favor del deporte de alto rendimiento. Una de las prioridades de la política deportiva nacional es disminuir el nivel de sedentarismo de la población, capacitar a entrenadores y promotores deportivos; donde la participación e intervención de los municipios sea un compromiso institucional, para contribuir al desarrollo del deporte en nuestro país.

Una de las prioridades de este gobierno es el que los jóvenes tengan alternativas en el ámbito del deporte, que les permitan desarrollarse y alejarse de actividades nocivas para su salud y de escenarios de violencia, delincuencia y conductas antisociales.

Sobre la base del diagnóstico del deporte mexicano, el proceso de deporte escolar e iniciación deportiva en México no se ha consolidado debido a que en la mayoría de las escuelas del nivel primaria y secundaria del país no se cuenta con la infraestructura, equipamiento y recursos humanos adecuados, además de la poca disponibilidad de horarios en los que el alumnado pudiese recibir 4 o 5 veces por semana una educación deportiva efectiva.

Como presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte, desde el Congreso de la Unión he hecho un llamado respetuoso al Poder Ejecutivo para que, en un ámbito de colaboración respetuosa y de coordinación institucional, se fortalezcan los aspectos como la planeación estratégica a mediano y largo plazo para el desarrollo del deporte nacional, y generar una nueva etapa de estabilidad prolongada con programas y planes realmente eficaces y eficientes.

Nuestro principal interés, como corresponsables de la política deportiva, es saber a profundidad lo que está ocurriendo en nuestro país con la cultura física y el deporte, con el firme objetivo de generar reformas que permitan a este organismo potenciar su operación y con el ineludible compromiso de impulsar las disciplinas deportivas y el deporte de alto rendimiento.

Por ello, hemos hecho con pleno respeto a la autonomía y al Pacto Federal, un llamado al Secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, que se abra la partida financiera correspondiente y, se otorguen recursos económicos bajo el esquema legal existente, a los ganadores de la delegación deportiva mexicana participante en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Al terminar de redactar esta entrega, el sábado pasado, nuestra delegación deportiva estaba en el segundo lugar del medallero olímpico Lima 2019, sólo por debajo de Estados Unidos; Canadá en tercero. Esta importante actuación de todas y todos los deportistas mexicanos debe obligar a las autoridades y al Congreso de la Unión a reiterarles no sólo todo nuestro apoyo y, reconocer su esfuerzo y sus logros en la justa deportiva, además de cumplir los compromisos.

Escatimar recursos al deporte es como darle a la 4T un balazo en el pie.

Lucía Meza Guzmán / Senadora por Morena

El Instituto Nacional de Migración que heredó Peña Nieto

Sin tratar de esconder las condiciones de las estaciones migratorias del país el Comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, reconoció frente a los reporteros que le preguntaron sobre las circunstancias de dichos centros: “son deplorables”.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha venido haciendo señalamientos de que en algunos de esos centros se padecen de chinches, hacinamiento y alimentos en mal estado; por lo que el propio gobierno destinará 60 millones de pesos del “Fondo Yucatán”, para un nuevo modelo de estaciones migratorias.

El gobierno federal, a través del INM, está atendiendo una crisis de gran envergadura, compleja, sin poder ofrecer, lamentablemente, las condiciones ideales a los miles y miles de migrantes en todo el territorio nacional, sobre todo cuando las administraciones anteriores hicieron del INM no un organismo con mística de servicio, sino una “guarida de corrupción”.

El INM ha sido, al menos en las tres últimas décadas, un espacio para hacer dinero. Miles de migrantes son extorsionados por parte del personal de esta institución, que en complicidad con los llamados “polleros” los engañan y roban el dinero que llevan, para poder cruzar y sobrevivir en su objetivo de alcanzar el “sueño americano”.

Ardelio Vargas Fosado, quien dos meses después de su nombramiento como titular del INM por parte del entonces presidente de la República, Enrique Peña Nieto, “fue descalificado por organizaciones defensoras de migrantes por tener antecedentes policiacos”, y estar metido junto con funcionarios del instituto en redes de tráfico de personas y de trata en todo el país.

En noviembre de 2013 Ardelio Vargas quiso mostrarse como el Comisionado que iba a limpiar de corrupción al INM, cuando destituyó a delegados “por haber abusado de menores y haber hecho negocios con migrantes”. Pero esa acción fue sólo una mascarada.

Al menos en dos trabajos periodísticos podemos ver el verdadero rostro de Vargas Fosado quien aprovechó su responsabilidad para “conseguir la forma de ganar dinero en abundancia al margen del cargo que ostentó, luego de la invitación del presidente Enrique Peña Nieto, el hombre para quien ya había trabajado desde que éste era gobernador del Estado de México”.

Fernando Maldonado, publicó el 9 de agosto de 2018, un texto en el portal “e-Consulta” que tituló: “Herencias de Ardelio”, donde afirma que el funcionario “operó a través de un grupo de despachos, algunos de ellos bajo el mando de familiares en segundo grado, la forma de que inmigrantes de otras nacionalidades ingresaran a México con visa de trabajo”.

En su columna consideraba que “la herencia de un hombre como Ardelio Vargas, a quien se le había considerado un mando de élite que devino en pollero, facilitó el ingreso de un número incuantificable de migrantes a través de procesos simulados”.

Otro trabajo singular fue el que publicó María Idalia Gómez en el portal “Eje Central”, el 20 de junio pasado, que tituló: “El diagnóstico que se tenía”, donde precisa que “el primer diagnóstico profundo que se tuvo de la frontera sur de México se hizo a finales de los años 90´s (y que) El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) lo elaboró, incluso con datos de las Fuerzas Armadas”.

Detalló que en dicho diagnóstico, “se conocieron grupos criminales en ambos lados de la frontera, las condiciones económicas y de estabilidad política; las rutas de migración y las formas de corrupción, incluyendo los caciques que se beneficiaban del semi exclavismo al que se sometían a los migrantes, especialmente centroamericanos”.

La periodista detalla en su trabajo periodístico que en los últimos 18 años las redes de corrupción desde México no se tocaron y que, por contrario, “se fortalecieron, especialmente, en el último sexenio”, donde el INM fue clave y desde allí dos comisionados del gobierno de EPN, Ardelio Vargas y Gerardo García Benavente, “construyeron varias redes de corrupción, de acuerdo con información que se tiene en EU”.

Asegura que Vargas Fosado “tenía en el INM a 60 familiares trabajando; además estructuró diferentes redes y se cobraba a chinos, colombianos, centroamericanos y argentinos entre 10 y 50 mil pesos semestrales por darles trabajo y en el caso de legalización la suma se duplicaba o triplicaba dependiendo el país de origen”.

Frente a esta radiografía, es más que claro que el INM heredado de Peña Nieto a Andrés Manuel López Obrador es un “cochinero”, una “estación de extorsionadores”, que cobran en dólares, que engañan a los migrantes, que juegan con sus sueños de llegar a los EU, y que ahora hay la decisión de limpiarla.

Por ello es interesante la propuesta del Comisionado Garduño cuando plantea que como en el caso de los reclusorios federales, que hay un organismo como la Asociación de Correccionales de América (ACA) que los certifica, una asociación internacional de migración certifique los albergues en el mundo, desde luego a los mexicanos también a partir de estándares internacionales a fin de homogenizar protocolos, normas y disciplinas al interior de las estaciones migratorias como en los penales federales.

Lucía Meza Guzmán / Senadora por Morena

Cuarenta y cinco días después

¿Qué hubiera pasado con la economía mexicana si el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no hubiera alcanzado un acuerdo sobre migración con el gobierno de Estados Unidos?

A decir de analistas de nuestro país, con base en las exportaciones de México a EU en 2018, con un arancel del 5%, hubiera significado una erogación adicional de 17 mil 914 millones de dólares en ese año.

El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró en aquel momento que de no haber llegado a un acuerdo, la medida podía haber puesto en peligro el tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Además, el IVA se hubiera incrementado “de golpe” en un 10%, “se perderían 1,2 millones de empleos y el Productor Interno Bruto (PIB) caería al menos un punto”.

López Obrador, por su parte, admitió que, de no haberse firmado un acuerdo, “la sombra de una crisis económica se hubiese instalado sobre México”.

Es claro que la negociación no gustó a muchos. Por un lado, la derecha panista y priista criticó fuertemente la decisión; olvidaron o fingen demenci, sobre el cúmulo de acuerdos a los que llegaron con EU cuando estuvieron al frente del gobierno federal, lastimando seriamente la soberanía nacional. Incluso la izquierda social y desde luego al interior de Morena, nos costó mucho aceptar este acuerdo que, efectivamente, atenta contra dichos principios.

El presidente estuvo frente a una seria disyuntiva. Hubiera recibido fuertes ovaciones de quienes le habrían reconocido el que no se hubiese “doblegado” frente a Donald Trump, pero la economía del país y de millones de mexicanos se hubiera quebrado frente a las medidas arancelarias con las que amenazó el mandatario estadunidense, las cuales iban a crecer mes a mes: 10% a partir del 1 de julio, a 15% desde el 1 de agosto, a 20% comenzando el 1 de septiembre y a 25% del 1 de octubre hacia adelante; si no se cumplía con la condición establecida.

Las medidas anunciadas por Trump no eran un cuento sólo para asustarnos. Recientemente, el presidente ruso Vladimir Putin y el líder chino Xi Jinping acusaron a Estados Unidos de “imponer su jurisdicción al resto del mundo, causando con ello un daño irreparable al orden internacional” y afirmaron que Trump “impone prácticas comerciales agresivas” para obtener ventajas y desplazar a los competidores de Estados Unidos.

Andrew Seele, presidente del Instituto de Política de Migración de EU, ha señalado que el presidente mexicano “ha decidido que el tema migratorio es mucho menos importante que la estabilidad económica del país”. Y sí, efectivamente, era claro que a pesar de la decisión dolorosa que se tomó; el costo económico y político era mucho menor por tener que frenar a miles de migrantes que enfrentar a la aplicación de aranceles, aunque también es cierto, como señalan analistas estadunidenses, dichas tarifas también podrían haber provocado una pérdida de alrededor de 400 mil empleos en EU.

Durante este mes y medio el gobierno de México ha cumplido con los acuerdos con EU aplicando las medidas legales, atendiendo en lo posible a los migrantes, ofreciéndoles albergues donde pernoctar, alimentos, servicios médicos; están obteniendo un permiso temporal, un empleo formal y se está al pendiente de que no sean víctimas de grupos criminales que se aprovechan de su condición.

La reunión de este domingo entre Ebrard y el Secretario de Estado de EU, Mike Pompeo, sirvió para revisar el cumplimento cabal por parte de México de los acuerdos sobre migración, comercio y el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica.

Además, el canciller reiteró la negativa mexicana de ser Tercer País Seguro y el desacuerdo con la decisión estadunidense de impedir a solicitantes de asilo que crucen la frontera con nuestro país, ser elegibles para ese amparo si antes no pidieron protección en una tercera nación, amén de reiterar que mantendremos nuestra política en pro del refugio a quienes temen por su vida en sus países de origen.

En tanto, el representante permanente de México en la ONU, Juan Ramón de la Fuente, dijo en dicho foro en Nueva York, el viernes pasado, que la mejor forma de ejercer la soberanía nacional en materia migratoria es a través de la cooperación con otros Estados soberanos”.

Donald Trump amenazó: “Si México no actúa, los aranceles se mantendrán en un nivel alto y las empresas ubicadas aquí pueden comenzar a regresar a Estados Unidos para fabricar sus productos y bienes. Las compañías que se muden a Estados Unidos no pagarán las tarifas ni se verán afectadas de ninguna manera”.

La decisión no ha sido fácil. La determinación, estoy convencida, a pesar de ser dolorosa permitió a México no caer en un hoyo negro, donde su economía se hubiera ido a pique, el desempleo, es una seria preocupación; donde cuarenta y cinco días después la historia, por fortuna, es otra.

Lucía Meza Guzmán / Senadora por Morena

El reforzamiento de la seguridad anunciada por Cuauhtémoc Blanco, arrojará resultados positivos para Morelos

Morelos no será rehén de las guerras entre la delincuencia

Al confiar en que el reforzamiento de la seguridad pública anunciada por el Gobierno del estado hoy, bajará la intensidad de la criminalidad en los 36 municipios de Morelos, la Senadora de Morena Lucía Meza Guzmán señaló que ya es el momento en que los tres poderes del Estado y la sociedad creen un sólo frente en contra de la delincuencia.

Advirtió que Morelos no puede seguir siendo rehén de las guerras encarnizadas que existen entre delincuentes, por lo que reprobó los hechos sangrientos ocurridos en la comunidad de “El Hospital” en el municipio de Cuautla, donde cayeron víctimas inocentes.

“Este clima de violencia no es privativo de Morelos, ocurre en distintas entidades federativas del país. Yo estoy segura que con la entrada en operaciones de la Guardia Nacional, y con toda la estrategia que se va a implementar a nivel nacional, se logrará disminuir la incidencia delictiva que genera la delincuencia organizada”, acotó.

Lucía Meza respaldó la postura del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo y la estrategia de seguridad anunciada hoy, tendiente a garantizar la protección de la integridad física de los turistas que acudirán a Morelos en este periodo vacacional de Semana Santa.

El despliegue de dos mil 480 efectivos estatales, de 200 efectivos federales, de 17 unidades especiales y el sobrevuelo del helicóptero por los 36 municipios de Morelos, será una fuerza que generará certidumbre y confianza a los morelenses y a quienes nos visitan en este periodo.

La Senadora por Morelos consideró que el reto de este Plan Estratégico lanzado por el gobierno de Cuauhtémoc Blanco será el de frenar la ola criminal que se viene presentando en Morelos, y disminuir la comisión de los delitos de alto impacto.

“Coincido con el gobernador Cuauhtémoc Blanco en que existen actores políticos que se aprovechan de las circunstancias adversas y de los hechos sangrientos, para generar confrontaciones estériles. A esos actores políticos yo les digo que: no se van a salir con la suya, no van a lograr desestabilizar al gobierno ni a destruir las alianzas en favor de Morelos”, concluyó.

Por: Lucía Meza

La inseguridad en Morelos, asunto de todos

La crisis de seguridad que vivimos en Morelos no se puede negar a través de un comunicado de prensa, como tampoco asegurar que no la hay sólo por decreto. Por eso ha sido importante, en un principio,que el propio gobernador Cuauhtémoc Blanco haya reconocido que “hay un chingo” de delincuentes.

Lamentablemente en Morelos uno de los principales reclamos sociales es el de la inseguridad. Es por eso por lo que, en dos marchas ciudadanas, la sociedad civil ha expresado su inconformidad, particularmente por parte de grupos de feministas que demandanseguridad ante el incremento de los feminicidios.

Morelos enfrenta momentos complicados en materia de inseguridad porque se quiera o no, la entidad es un espacio, por diversas circunstancias, demasiado atractivo para la delincuencia, desde el ladrón “convencional” hasta los grupos  organizados, aunque no necesariamente como consecuencia de latransición como algunos han señalado.

Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), a partir de que asumió funciones Cuauhtémoc Blanco Bravo, se perpetraron 94 asesinatos; 84 en noviembre y 93 en diciembre; 187 de los 271 homicidios fueron dolosos; se contabilizaron 10 feminicidios; seis de ellos en diciembre; se cometieron 21 secuestros; cinco en octubre, ocho en noviembre y ocho en diciembre. Asimismo, en ese periodo se contabilizaron 4 mil 285 robos; la cifra más alta se dio en octubre, con mil 543 casos. (La Jornada-Estados 28 de enero 2019).

Buena parte de la responsabilidad por la inseguridad la tiene también la falta de desarrollo social y económico que ha incidido y provocado que varios sectores de la población, como viene sucedido en todo el país, encuentren en la delincuencia una salida, sí; pero falsa.

Por ello es necesario tener un diagnóstico que nos permita precisar dónde se encuentran lo focos rojos o los puntos de riesgo donde actúa la delincuencia, pero también determinar dónde el Estado es responsable de la incidencia delictiva, sobre todo cuando no hay un plan de prevención del delito.

En este sentido es importante que el diagnóstico y las salidas las encuentre no sólo el gobierno estatal; debe ir acompañado de los gobiernos municipales, del gobierno federal y, de manera particular, de las organizaciones no gubernamentales que en Morelos han tenido una destacada participación en esta lucha. 

Debemos hablar de que en la entidad estamos obligados a conjugar todos los verbos que nos permitan atenuar, en un primer momento, este grave problema y, posteriormente irlo resolviendo en la medida de los posible, porque afirmar que se acabará, sería demagogia pura.

Morelos como el resto de las entidades del país tienen en la Guardia Nacional, que fue aprobada recientemente por unanimidad en el Senado y luego en la Cámara de Diputados, un apoyo fundamental a través de un mando civil de las fuerzas armadas para que éstas salgan a las calles en apoyo a las policías estatales y municipales.

Es preocupante sí, el incremento en los delitos denominados de alto impacto: el homicidio doloso, feminicidio, secuestro, robo con violencia y el robo de automóviles, el incremento de los secuestros, como también de los homicidios dolosos, que ha llevado a Morelos al sexto lugar a nivel nacional con mayor índice de asesinatos.

La crisis de inseguridad en Morelos es una realidad que nadie ha negado afortunadamente, y reconocerloes un paso importante, como relevante será que nos dejemos de confrontaciones; por el contrario, una de las salidas es sumar, no restar; escucharnos, dejar a un lado las vanidades, la grilla y actuar en unidad, acompañados del gobierno federal, y como ya decía, de la mano de las organizaciones no gubernamentales: La palabra la tenemos todos. La inseguridad, es asunto de todos.

Desde el Senado

Por: Lucy Meza

Senadora por Morena  

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