Empresas fantasmas, un “fraude maestro”

Si bien la llamada Estafa Maestra es la acción fraudulenta más conocida y nombrada, son muchas otras las que en la administración del gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto se practicaron, para desviar miles de millones de pesos hacia campañas electorales del PRI, y para llenar los bolsillos de funcionarios federales y gobernadores priistas.

La Estafa Maestra operó a través dependencias que les pagaban a algunas universidades públicas para hacer supuestos servicios, y las universidades a cambio de una “comisión” entregaban ese dinero a empresas fantasmas ilegales.“Su objetivo era desaparecer el dinero”.

Ya antes, el entonces gobernador de Veracruz, Javier Duarte había usado un mecanismo similar para financiar campañas de su partido, el PRI, y hacer llegar dinero a su amigo el entonces candidato a presidente Peña Nieto.

Animal Político, fue el medio de comunicación electrónico que dio a conocer, enseptiembre de 2018, que “el Servicio de Administración Tributaria (SAT) incluyó en su lista negra de empresas fantasma a 66 compañías que, presuntamente, se quedaron con 2 mil 273 millones de pesos del gobierno federal gracias al esquema de desvío de recursos públicos documentado (un año antes) en la investigación La Estafa Maestra.

Aquellas empresas simulaban operaciones comerciales, puesto que no tenían direcciones reales, ni infraestructura.

Como resultado de esa estafa, la ex secretaria de Sedesol y Sedatu durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles, está hoy recluida en el penal femenil de Santa Marta Acatitla, acusada por la Fiscalía General de la República de presuntos desvíos por 5 mil 73 millones de pesos.

Mientras Rosario enfrenta este trance, por un desfalco similar, por la forma como se maniobró en la llamada “Operación Safiro”, que dirigió Manlio Fabio Beltrones, éste avezado político priísta, disfruta de total libertad.

Con la Operación Safiro, se desviaron 650 millones de pesos de fondos públicos no sólo de Chihuahua, sino también de Sonora, Colima, Durango, Estado de México, Morelos y la delegación Milpa Alta de la Ciudad de México; para financiar campañas electorales priístas. En esa trama se utilizaron 12 empresas fantasma, que a decir algunos testigos estaban “blindadas”, es decir, autorizadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Pero el desvío de recursos públicos a través de empresas fantasmas no se practicó desde la llegada de Enrique Peña Nieto al gobierno de la República. El 12 de julio de 2012 diversos partidos políticos opositores al PRI denunciaron que a través de empresas fantasmas se habían transferido fondos a la campaña presidencial de Peña Nieto a través del Banco Monex.

El mecanismo, aseguraron en aquel momento especialistas, “encuadra en el mecanismo típico de lavado de dinero. Sin embargo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) se excusó de confirmar la información, argumentando su obligación de proteger el secreto bancario.

Según esa denuncia dos empresas fantasmas, Grupo Comercial Inizzio y la Comercializadora Epfra depositaron recursos en Monex, que a su vez emitió al menos 9 mil tarjetas prepagadas que, de acuerdo con esa denuncia, sirvieron para pagar a operadores priistas. También Alkino, otra empresa fantasma, financió con 66.3 millones de pesos al PRI con tarjetas Monex.

La constructora brasileña Odebrecht también utilizó a las empresas fantasmas como Blunderbuss Company, que al menos entre 2009 y 2011, con un domicilio inexistente en Poza Rica, Veracruz, trianguló más de seis millones de dólares que habría llegado a México en una operación distinta a los sobornos por 10 millones de dólares que se habían reconocido.

El SAT, en abril pasado, investigaba una red de 11 empresas fantasma ligadas con Blunderbuss Company.

Las empresas fantasmas representan un grave problema económico y político para el país, por ello la semana pasada las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público; de Justicia y de Estudios Legislativos, del Senado aprobamos un proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones.

La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Fiscal de la Federación y el Código Penal Federal, se propone cambiar, en lo referente a las empresas fantasmas.

Con esta iniciativa del Senador de Morena, Alejandro Armenta Mier, y quienes participamos en estas comisiones, nos proponemos combatir “fraudes maestros”, a quienes acuerdan criminalmente evadir millonariamente al fisco federal; enfrentar a las empresas facturadoras de operaciones simuladas y a las empresas que deducen operaciones simuladas, así como cualquier otra conducta delictiva de contenido económico.

Senadora por Morena.

Juventud, medalla de oro

Cuando redacto la presente entrega disfruto el triunfo de la mexicana Laura Galván, que el viernes pasado le dio a nuestro país la presea 29 de oro, en los cinco mil metros planos. Emoción y orgullo me embargó.

A las y los jóvenes deportistas que participaron en los Juegos Panamericanos “Lima 2019”, debemos reconocerles, desde luego sus resultados, pero al mismo tiempo seguir impulsándolos y darles todas las facilidades para que continúen entrenando y para que puedan seguir con sus estudios.

Su reconocimiento debe ser trascendente. A partir del año 2000 cada 12 de agosto -como el día de hoy-, se lleva a cabo la celebración del Día Internacional de la Juventud, proclamado por la Organización de las Naciones Unidas, y cuyo propósito es destacar el papel que tienen los jóvenes en el desarrollo de la sociedad, y en el mundo en general. Una de las intenciones es llamar la atención de los problemas que enfrentan y encontrar posibles soluciones y mecanismos de apoyo.

De acuerdo con ONU, casi un quinto de la población mundial que representa 1.2 billones, son  jóvenes entre 15 y 24 años. Esto nos obliga a reconocer la importancia y el papel de la juventud para hacer frente a los nuevos retos y desafíos del mundo.

La juventud, hoy en día, juega un rol de primera importancia en la implementación de nuevas tendencias y tecnologías de la información, la culminación de un estilo de vida amigable con el medio ambiente y su exigencia de respeto a sus derechos humanos.

Por ello, desde el Congreso de la Unión, hemos impulsado un trabajo bicameral para la creación de una inédita Ley General de las Juventudes, producto de una serie de foros consultivos -Parlamento Abierto- donde se ha recogido el sentir de las y los jóvenes de México.

Como presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte del Senado de la República, hemos trabajado en el diseño de un instrumento jurídico en el cual los derechos y garantías de las personas jóvenes se puedan cristalizar, en un ordenamiento federal con base a la agenda de desarrollo sostenible 2030 de la ONU.

En México una de las tareas primordiales en favor de la juventud es empoderarlos a través de mecanismos y programas que les brinden las herramientas necesarias, en aras de un desarrollo óptimo e integral, construyendo espacios cívicos, físicos y digitales adecuados, a fin de poder expresarse y comunicar sus opiniones y posturas con total libertad y seguridad.

Por ello, resulta indispensable generar políticas públicas que incluyan y fomenten el desarrollo educativo, artístico, creativo y deportivo. Es tarea ineludible del Estado seguir fortaleciendo y enfatizar el respeto hacia pluralidad de ideas y ante las diferencias, así como continuar contribuyendo en la asertiva aplicación de valores que persigan el objetivo de una convivencia más sana y armoniosa, como la tolerancia, el respeto hacia los demás, la identidad cultural, la solidaridad y la protección del medio ambiente.

Sin embargo, estos propósitos no deben quedar sólo en eso. Por ello, desde el Senado recientemente exhortamos al Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, nos remita la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, junto con su Protocolo para aprobarla a la brevedad.

Este instrumento representa el único tratado internacional centrado específicamente en los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las personas jóvenes, que fue firmado en la ciudad de Badajoz, España, en octubre de 2005 y entró en vigor el 1 de marzo de 2008.

Con su ratificación la convención pasaría a convertirse en norma legal interna de obligatorio cumplimiento para México, así como un documento orientador para el diseño y la implementación de políticas, programas, proyectos e iniciativas en materia de juventud, con enfoque de derechos, que puede ser referenciado y aplicado tanto por el gobierno como por las y los ciudadanos.

Tenemos enfrente un imperioso trabajo coordinado, conjunto, eficiente y eficaz por parte de las instituciones del Estado en sus tres niveles de gobierno, para que, en un esfuerzo de colaboración continua, los gobiernos federales; estatales y municipales cumplan con la tarea de actuar de manera corresponsable en el ámbito de sus competencias, para atender las necesidades de los cerca de 30 millones de jóvenes que viven actualmente en nuestro país.

El tamaño de nuestros jóvenes lo representan los magníficos resultados que alcanzaron en Lima 2019 y, por lo mismo, conviene saber y ser conscientes de que éstos son el presente y futuro de nuestro país; que en su fuerza y energía reside nuestra esperanza como nación, por ello, resulta necesario que forjemos un marco jurídico que les brinde los medios ineludibles para que desplieguen todo su potencial y no olvidar que son los jóvenes quienes tomarán el mando y seguirán construyendo el futuro dorado de nuestro país, un futuro de oro para México.

Senadora de Morena

 

 

ESCATIMAR RECURSOS AL DEPORTE, UN BALAZO EN EL PIE

Cuando el 27 de septiembre del año pasado, como presidente electo, Andrés Manuel López Obrador afirmó que “el deporte es elemento clave en el desarrollo humano”; más aún, que su gobierno habría de fortalecer el deporte olímpico, llamó a los deportistas a prepararse para las próximas olimpiadas y tener buenos resultados: Sus palabras significaron un buen aliento para éstos.

Es claro que sin el apoyo gubernamental aspirar a participar en esa contienda deportiva que se realiza cada cuatro años es complicado, y más alcanzar un puñado de medallas. Por fortuna nuestros compatriotas le ponen, no sólo ganas, sino también alma y corazón, lo que les ha permitido ganar varias preseas.

En aquel momento, al finalizar una reunión privada con el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, en la sede del Comité Olímpico Mexicano (COM), el presidente anunció una inversión sin precedentes de 5 mil millones de dólares; a fin de apoyar a las y los deportistas profesionales y de alto rendimiento, además para promover la participación de los jóvenes en actividades deportivas.

Sin embargo, esos apoyos no se han cumplido. En el análisis realizado al Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2019-2024 de la CONADE, éste señala que “no se estableció ni se previó dentro de sus estrategias, objetivos y líneas de acción, la parte correspondiente a estímulos económicos a deportistas que tuvieran logros y medallas en el marco de la justa deportiva de los Juegos Panamericanos de Lima 2019”.

Lo dijimos antes y lo reiteramos ahora. Desde la antesala de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 nuestros deportistas no recibieron los apoyos económicos de las becas que están presupuestadas dentro de la CONADE. Señalamos la gravedad del tema, ya que ninguno de los atletas participantes recibió en su totalidad los recursos programados.

Desde luego, los recursos no deben pensarse única y exclusivamente en favor del deporte de alto rendimiento. Una de las prioridades de la política deportiva nacional es disminuir el nivel de sedentarismo de la población, capacitar a entrenadores y promotores deportivos; donde la participación e intervención de los municipios sea un compromiso institucional, para contribuir al desarrollo del deporte en nuestro país.

Una de las prioridades de este gobierno es el que los jóvenes tengan alternativas en el ámbito del deporte, que les permitan desarrollarse y alejarse de actividades nocivas para su salud y de escenarios de violencia, delincuencia y conductas antisociales.

Sobre la base del diagnóstico del deporte mexicano, el proceso de deporte escolar e iniciación deportiva en México no se ha consolidado debido a que en la mayoría de las escuelas del nivel primaria y secundaria del país no se cuenta con la infraestructura, equipamiento y recursos humanos adecuados, además de la poca disponibilidad de horarios en los que el alumnado pudiese recibir 4 o 5 veces por semana una educación deportiva efectiva.

Como presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte, desde el Congreso de la Unión he hecho un llamado respetuoso al Poder Ejecutivo para que, en un ámbito de colaboración respetuosa y de coordinación institucional, se fortalezcan los aspectos como la planeación estratégica a mediano y largo plazo para el desarrollo del deporte nacional, y generar una nueva etapa de estabilidad prolongada con programas y planes realmente eficaces y eficientes.

Nuestro principal interés, como corresponsables de la política deportiva, es saber a profundidad lo que está ocurriendo en nuestro país con la cultura física y el deporte, con el firme objetivo de generar reformas que permitan a este organismo potenciar su operación y con el ineludible compromiso de impulsar las disciplinas deportivas y el deporte de alto rendimiento.

Por ello, hemos hecho con pleno respeto a la autonomía y al Pacto Federal, un llamado al Secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, que se abra la partida financiera correspondiente y, se otorguen recursos económicos bajo el esquema legal existente, a los ganadores de la delegación deportiva mexicana participante en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Al terminar de redactar esta entrega, el sábado pasado, nuestra delegación deportiva estaba en el segundo lugar del medallero olímpico Lima 2019, sólo por debajo de Estados Unidos; Canadá en tercero. Esta importante actuación de todas y todos los deportistas mexicanos debe obligar a las autoridades y al Congreso de la Unión a reiterarles no sólo todo nuestro apoyo y, reconocer su esfuerzo y sus logros en la justa deportiva, además de cumplir los compromisos.

Escatimar recursos al deporte es como darle a la 4T un balazo en el pie.

Lucía Meza Guzmán / Senadora por Morena

El Instituto Nacional de Migración que heredó Peña Nieto

Sin tratar de esconder las condiciones de las estaciones migratorias del país el Comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, reconoció frente a los reporteros que le preguntaron sobre las circunstancias de dichos centros: “son deplorables”.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha venido haciendo señalamientos de que en algunos de esos centros se padecen de chinches, hacinamiento y alimentos en mal estado; por lo que el propio gobierno destinará 60 millones de pesos del “Fondo Yucatán”, para un nuevo modelo de estaciones migratorias.

El gobierno federal, a través del INM, está atendiendo una crisis de gran envergadura, compleja, sin poder ofrecer, lamentablemente, las condiciones ideales a los miles y miles de migrantes en todo el territorio nacional, sobre todo cuando las administraciones anteriores hicieron del INM no un organismo con mística de servicio, sino una “guarida de corrupción”.

El INM ha sido, al menos en las tres últimas décadas, un espacio para hacer dinero. Miles de migrantes son extorsionados por parte del personal de esta institución, que en complicidad con los llamados “polleros” los engañan y roban el dinero que llevan, para poder cruzar y sobrevivir en su objetivo de alcanzar el “sueño americano”.

Ardelio Vargas Fosado, quien dos meses después de su nombramiento como titular del INM por parte del entonces presidente de la República, Enrique Peña Nieto, “fue descalificado por organizaciones defensoras de migrantes por tener antecedentes policiacos”, y estar metido junto con funcionarios del instituto en redes de tráfico de personas y de trata en todo el país.

En noviembre de 2013 Ardelio Vargas quiso mostrarse como el Comisionado que iba a limpiar de corrupción al INM, cuando destituyó a delegados “por haber abusado de menores y haber hecho negocios con migrantes”. Pero esa acción fue sólo una mascarada.

Al menos en dos trabajos periodísticos podemos ver el verdadero rostro de Vargas Fosado quien aprovechó su responsabilidad para “conseguir la forma de ganar dinero en abundancia al margen del cargo que ostentó, luego de la invitación del presidente Enrique Peña Nieto, el hombre para quien ya había trabajado desde que éste era gobernador del Estado de México”.

Fernando Maldonado, publicó el 9 de agosto de 2018, un texto en el portal “e-Consulta” que tituló: “Herencias de Ardelio”, donde afirma que el funcionario “operó a través de un grupo de despachos, algunos de ellos bajo el mando de familiares en segundo grado, la forma de que inmigrantes de otras nacionalidades ingresaran a México con visa de trabajo”.

En su columna consideraba que “la herencia de un hombre como Ardelio Vargas, a quien se le había considerado un mando de élite que devino en pollero, facilitó el ingreso de un número incuantificable de migrantes a través de procesos simulados”.

Otro trabajo singular fue el que publicó María Idalia Gómez en el portal “Eje Central”, el 20 de junio pasado, que tituló: “El diagnóstico que se tenía”, donde precisa que “el primer diagnóstico profundo que se tuvo de la frontera sur de México se hizo a finales de los años 90´s (y que) El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) lo elaboró, incluso con datos de las Fuerzas Armadas”.

Detalló que en dicho diagnóstico, “se conocieron grupos criminales en ambos lados de la frontera, las condiciones económicas y de estabilidad política; las rutas de migración y las formas de corrupción, incluyendo los caciques que se beneficiaban del semi exclavismo al que se sometían a los migrantes, especialmente centroamericanos”.

La periodista detalla en su trabajo periodístico que en los últimos 18 años las redes de corrupción desde México no se tocaron y que, por contrario, “se fortalecieron, especialmente, en el último sexenio”, donde el INM fue clave y desde allí dos comisionados del gobierno de EPN, Ardelio Vargas y Gerardo García Benavente, “construyeron varias redes de corrupción, de acuerdo con información que se tiene en EU”.

Asegura que Vargas Fosado “tenía en el INM a 60 familiares trabajando; además estructuró diferentes redes y se cobraba a chinos, colombianos, centroamericanos y argentinos entre 10 y 50 mil pesos semestrales por darles trabajo y en el caso de legalización la suma se duplicaba o triplicaba dependiendo el país de origen”.

Frente a esta radiografía, es más que claro que el INM heredado de Peña Nieto a Andrés Manuel López Obrador es un “cochinero”, una “estación de extorsionadores”, que cobran en dólares, que engañan a los migrantes, que juegan con sus sueños de llegar a los EU, y que ahora hay la decisión de limpiarla.

Por ello es interesante la propuesta del Comisionado Garduño cuando plantea que como en el caso de los reclusorios federales, que hay un organismo como la Asociación de Correccionales de América (ACA) que los certifica, una asociación internacional de migración certifique los albergues en el mundo, desde luego a los mexicanos también a partir de estándares internacionales a fin de homogenizar protocolos, normas y disciplinas al interior de las estaciones migratorias como en los penales federales.

Lucía Meza Guzmán / Senadora por Morena

Cuarenta y cinco días después

¿Qué hubiera pasado con la economía mexicana si el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no hubiera alcanzado un acuerdo sobre migración con el gobierno de Estados Unidos?

A decir de analistas de nuestro país, con base en las exportaciones de México a EU en 2018, con un arancel del 5%, hubiera significado una erogación adicional de 17 mil 914 millones de dólares en ese año.

El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró en aquel momento que de no haber llegado a un acuerdo, la medida podía haber puesto en peligro el tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Además, el IVA se hubiera incrementado “de golpe” en un 10%, “se perderían 1,2 millones de empleos y el Productor Interno Bruto (PIB) caería al menos un punto”.

López Obrador, por su parte, admitió que, de no haberse firmado un acuerdo, “la sombra de una crisis económica se hubiese instalado sobre México”.

Es claro que la negociación no gustó a muchos. Por un lado, la derecha panista y priista criticó fuertemente la decisión; olvidaron o fingen demenci, sobre el cúmulo de acuerdos a los que llegaron con EU cuando estuvieron al frente del gobierno federal, lastimando seriamente la soberanía nacional. Incluso la izquierda social y desde luego al interior de Morena, nos costó mucho aceptar este acuerdo que, efectivamente, atenta contra dichos principios.

El presidente estuvo frente a una seria disyuntiva. Hubiera recibido fuertes ovaciones de quienes le habrían reconocido el que no se hubiese “doblegado” frente a Donald Trump, pero la economía del país y de millones de mexicanos se hubiera quebrado frente a las medidas arancelarias con las que amenazó el mandatario estadunidense, las cuales iban a crecer mes a mes: 10% a partir del 1 de julio, a 15% desde el 1 de agosto, a 20% comenzando el 1 de septiembre y a 25% del 1 de octubre hacia adelante; si no se cumplía con la condición establecida.

Las medidas anunciadas por Trump no eran un cuento sólo para asustarnos. Recientemente, el presidente ruso Vladimir Putin y el líder chino Xi Jinping acusaron a Estados Unidos de “imponer su jurisdicción al resto del mundo, causando con ello un daño irreparable al orden internacional” y afirmaron que Trump “impone prácticas comerciales agresivas” para obtener ventajas y desplazar a los competidores de Estados Unidos.

Andrew Seele, presidente del Instituto de Política de Migración de EU, ha señalado que el presidente mexicano “ha decidido que el tema migratorio es mucho menos importante que la estabilidad económica del país”. Y sí, efectivamente, era claro que a pesar de la decisión dolorosa que se tomó; el costo económico y político era mucho menor por tener que frenar a miles de migrantes que enfrentar a la aplicación de aranceles, aunque también es cierto, como señalan analistas estadunidenses, dichas tarifas también podrían haber provocado una pérdida de alrededor de 400 mil empleos en EU.

Durante este mes y medio el gobierno de México ha cumplido con los acuerdos con EU aplicando las medidas legales, atendiendo en lo posible a los migrantes, ofreciéndoles albergues donde pernoctar, alimentos, servicios médicos; están obteniendo un permiso temporal, un empleo formal y se está al pendiente de que no sean víctimas de grupos criminales que se aprovechan de su condición.

La reunión de este domingo entre Ebrard y el Secretario de Estado de EU, Mike Pompeo, sirvió para revisar el cumplimento cabal por parte de México de los acuerdos sobre migración, comercio y el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica.

Además, el canciller reiteró la negativa mexicana de ser Tercer País Seguro y el desacuerdo con la decisión estadunidense de impedir a solicitantes de asilo que crucen la frontera con nuestro país, ser elegibles para ese amparo si antes no pidieron protección en una tercera nación, amén de reiterar que mantendremos nuestra política en pro del refugio a quienes temen por su vida en sus países de origen.

En tanto, el representante permanente de México en la ONU, Juan Ramón de la Fuente, dijo en dicho foro en Nueva York, el viernes pasado, que la mejor forma de ejercer la soberanía nacional en materia migratoria es a través de la cooperación con otros Estados soberanos”.

Donald Trump amenazó: “Si México no actúa, los aranceles se mantendrán en un nivel alto y las empresas ubicadas aquí pueden comenzar a regresar a Estados Unidos para fabricar sus productos y bienes. Las compañías que se muden a Estados Unidos no pagarán las tarifas ni se verán afectadas de ninguna manera”.

La decisión no ha sido fácil. La determinación, estoy convencida, a pesar de ser dolorosa permitió a México no caer en un hoyo negro, donde su economía se hubiera ido a pique, el desempleo, es una seria preocupación; donde cuarenta y cinco días después la historia, por fortuna, es otra.

Lucía Meza Guzmán / Senadora por Morena

El Parlatino y su solidaridad con México

Lucy Meza.  Senadora por Morelos, presidente de la Comisión de Juventud y Deporte

Los países latinoamericanos han mostrado su solidaridad con México frente a las amenazas y presiones que ha ejercido el presidente Donald Trump en contra de nuestro país por el tema migratorio.

El sábado pasado dentro de la XXXV Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano y del Caribe, los legisladores de los 23 países que lo conforman respaldaron nuestra propuesta de generar una declaratoria en contra de la política inhumana que ha impulsado el presidente estadounidense en contra de los flujos migratorios que surgen de Centro América.

Después de un intenso cabildeo con las y los legisladores del Parlatino, logramos los consensos y acuerdos para elaborar un documento que fue respaldado por unanimidad de los miembros de la Asamblea General.

Mediante este documento el Parlamento Latinoamericano y del Caribe declaró que son inaceptables las amenazas de represalias económicas estadounidenses como instrumento para afrontar el fenómeno migratorio.

Por su puesto que los parlamentarios y las parlamentarias no somos indiferentes a las causas que generan la migración, pero tampoco a las amenazas externas. Es necesario atender las causas que generan esa migración de la región en busca de mejor oportunidades económicas y sociales. Y es imprescindible contribuir a que los flujos migratorios sean ordenados y seguros.

En este contexto hay solidaridad de los pueblos de Latino América para no permitir que algunos países receptores de flujos de migrantes apliquen políticas discriminatorias y que, lamentablemente, somos testigos de las amenazas estadounidenses a países emisores y de tránsito.

De la misma manera se planteó como “fundamental la cooperación internacional para atender las causas de la migración, así como el cumplimiento de los acuerdos y compromisos internacionales de apoyo al desarrollo de los países emisores y de tránsito.

Sin lugar a duda, la Declaración de Panamá sobre flujos migratorios representa un frente común y un espaldarazo internacional en favor de México frente a la actitud imperialista del gobierno estadunidense que amenaza con aplicar medidas coercitivas, discriminatorias y arbitrarias. México seguirá siendo el gran hermano de Latinoamérica.

Nuestro deber, como parlatinos, tiene que ir más allá del sentido humanitario y del respeto a los derechos humanos de los migrantes, ya que tal como lo señalan nuestros principios, debemos fomentar el desarrollo económico y social de nuestra región, con apego a los irrenunciables principios de no intervención y de la libre autodeterminación de los pueblos.

En estos momentos, el camino hacia la integración latinoamericana pasa forzosamente por la conformación de un frente común en contra de los embates unilaterales del conservadurismo norteamericano.

Frente al inicio de la campaña de Donald Trump para reelegirse como presidente, es urgente que la política migratoria hacia Latinoamérica se mantenga al margen de las campañas electorales en los Estados Unidos.

El Parlamento Latinoamericano y del Caribe ha demostrado a lo largo de su existencia ser una digna representante de los cuerpos legislativos de nuestra región. Se ha encargado de promover y armonizar el movimiento latino hacia la integración. Esto ha significado defender la democracia, la libertad, el principio de no intervención y el respeto a la autodeterminación de los pueblos.

Se ha respetado la pluralidad política e ideológica, así como la igualdad jurídica de los Estados hermanos que la componemos. Por eso es un orgullo seguir participando en estos esfuerzos por preservar el respeto al derecho internacional, la solución pacífica de las controversias y las relaciones para la cooperación y la amistad.

Nuestra pluralidad política, social y cultura serán nuestra mayor fortaleza, porque juntas en este frente común tendremos mayores capacidades como históricamente nunca antes se habían tenido.

T-MEC

El comercio internacional de México se ha adaptado paulatinamente a los grandes cambios históricos, culturales y económicos del país, y en esa evolución, pasamos de ser una economía esencialmente cerrada a una abierta al comercio que ofrece una amplia variedad de productos y servicios de mayor calidad para los mexicanos. Este proceso de apertura comercial está íntimamente ligado al hecho de que en el mundo contemporáneo, las economías de todos los países dependen entre sí, por lo que la participación de México en el comercio mundial se ha apoyado en el establecimiento de acuerdos estratégicos con otros países y regiones de gran crecimiento en el mundo.

T-MEC

El triunfo de la política

Aunque a muchos les cuesta trabajo aceptar que las negociaciones entre los equipos de los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump, al suspenderse indefinidamente el aumento de los aranceles que había anunciado el mandatario norteamericano, fue positivo para México. Muchos habían soñado con un inminente fracaso del mandatario mexicano, verlo derrotado y volver al pasado, al viejo sistema corrupto.

El anuncio fue, sin lugar a duda, una buena noticia, porque de lo contrario el derrotado no hubiera sido el presidente de la República sino el país entero y desde luego la población, pero también los empresarios, muchos de los cuales, lamentablemente regatearon su apoyo al llamado del presidente, para asistir a un encuentro de unidad en Ciudad Juárez, a unos pasos de Estados Unidos.

Efectivamente, como afirmó el presidente nacional de la Canacintra, José Enoch Castellanos Férez, con un mitin no se iba a resolver el problema de los aranceles. De eso estábamos claros todos, pero era necesario estar unidos en torno al presidente de todos los mexicanos.

Por fortuna, hubo muchos otros que se sumaron, como el dirigente de la Coparmex Gustavo de Hoyos, que celebró la victoria a la que calificó de “importante”, y pidió “tomar las providencias para que, si en el futuro hay una amenaza similar, estemos preparados para enfrentarla”.

Es entendible la frustración que puedan tener muchos por lo que se pudo ceder, por ejemplo, lo de dejar abierta la posibilidad de ser un Tercer País Seguro o la presencia de militares mexicanos en nuestra frontera sur, para contener el ingreso de centroamericanos.

En la balanza, sin embargo, hay que poner otros temas que deben sopesarse en su justa dimensión. El costo, efectivamente fue alto, pero ¿qué tal el riesgo? ¿Qué hubiera significado, si en sus locuras Trump hubiera llegado a la aplicación de los aranceles progresivos porque él necesitaba alimentar a su base electoral con esas medidas; luego de que no ha cumplido por completo con su promesa de construir el muro a todo lo largo de la frontera?.

Hay que entender la decisión del porqué Andrés Manuel López Obrador decidió no llevar el conflicto a un escenario de mayor confrontación, de no enseñarles la lengua y no ponerse con los gringos a las patadas, porque él sabe lo que significa aquello de estar “tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos”.

Bien, como ha señalado el coordinador parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, la noticia para el país es buena, porque “se recupera la estabilidad económica, se recobra la confianza y se genera la posibilidad de mayores inversiones extranjeras”.

Esto, de alguna manera, representa lo que hemos recuperado, lo que ganamos al final de cuentas, porque de lo contrario ¿cuál sería el reclamo de nuestros compatriotas, de los empresarios, de los partidos políticos si el equipo negociador se hubiera cerrado a llegar a acuerdos? No me lo quiero imaginar.

Consideran muchos que Trump sólo amenaza, que no llega al final de sus chantajes; era posible, pero, insisto ¿qué hubiera pasado si no llegamos a los acuerdos que, de manera excelente, negociaron el canciller Marcelo Ebrard y los titulares de Economía, Graciela Márquez y de la SAGARPA, Víctor Villalobos; además de la embajadora en Washington, Martha Bárcena?.

El acto de unidad en defensa de la dignidad de México y en favor de la amistad con el pueblo de los Estados Unidos fue, a pesar de que se le quiso descalificar, un evento relevante por su significado; que si bien tuvo que ver con una muestra de unidad frente a las acciones del gobierno estadunidense, representa también un acto que llama a todos los mexicanos a sumarnos en favor de país y a rechazar a quienes se han dedicado a descalificar, desde adentro, al nuevo gobierno por haber osado a tocar sus intereses corruptos.

En Tijuana el presidente López Obrador reconoció que en las negociaciones hubo voluntad de la otra parte y por ello extendió a Trump su mano amiga y no su puño, pero afirmó que es injusto que se castigue a México por extender también su mano a quienes viven en la miseria, a los migrantes.

Recordó que el fenómeno migratorio no surge de la nada, emerge, afirmó, de las carencias, de la falta de empleo, por lo que llamó a EU  para cumplir los compromisos signados, de atacar las  causas de la migración, y se den las soluciones desde donde son originarios.

Por lo pronto, como lo marca claramente la Constitución de la República, en el Senado nos corresponde aprobar o rechazar los tratados que firme nuestro país y, como lo ha señalado el Senador Monreal y el propio mandatario mexicano, vamos a continuar con el proceso legislativo de ratificación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), lo que deberá ocurrir entre el 18 y 19 de junio.

A pesar de todo, se impuso la política sobre a confrontación, y esto no hay que perderlo de vista, pero sobre todo entender su significado.

*Senadora de Morena.

Corrupción, nuestra triste realidad

Un sello que marcó a los gobiernos neoliberales fue el de la corrupción. En particular, el de Enrique Peña Nieto, que se involucró en un sinnúmero de escándalos; pero no sólo el ex presidente está señalado sino también buena parte de sus colaboradores más cercanos y amigos empresarios.

La “Casa Blanca” fue el tema que marcó su administración. Una investigación periodística en noviembre de 2014 reveló que el inmueble, de unos 7 millones de dólares, fue a cambio de “favores” que le habría hecho el presidente al empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de grupo Higa contratista del gobierno peñista desde el Estado de México.

La lista de casos de corrupción es larga: Odebrecht, donde están metidos, los ex directores de Pemex, Juan José Suárez Coppel y Emilio Lozoya Austin; éste último, igual metido en la compra, como director de Pemex, de una planta chatarra de fertilizantes a AHMSA, que suma mil 500 millones de dólares.

Los escándalos fueron de diversos tamaños. En agosto de 2016 un trabajo periodístico del sitio Aristegui noticias reveló que el presidente Enrique Peña Nieto había plagiado, al menos un tercio, de la tesis con la que obtuvo su licenciatura.

“La nueva cara del PRI”, la de los gobernadores de los que presumía orgulloso Peña Nieto, contribuyeron de manera importante a los escándalos de corrupción de la administración pasada, porque generaron un quebranto incalculable al erario.

Seguro nadie olvida al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa; al prófugo ex de Chihuahua, César Duarte o a Roberto Borge, ex gobernador de Quintana Roo, entre otros tantos.

Lo mismo con la casa de Malinalco -con un valor superior a 500 mil dólares- que obtuvo -como agradecimiento- el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, por medio de una compra simulada que descubrió después el diario estadunidense The Wall Street Journal.

El inventario es interminable. Durante los seis años de gobierno los funcionarios y amigos de Peña Nieto se dedicaron a desviar dinero público, a otorgar contratos irregulares y crear compañías fantasmas. HIGA y OHL se convirtieron en el símbolo de la corrupción del gobierno peñista. Hasta las universidades públicas le entraron al cochupo.

“Operación Zafiro” fue el nombre como se identifica a las acciones corruptas que desde lo más alto del poder se preparó para desviar recursos financieros de las arcas del gobierno de Chihuahua para favorecer al PRI, acto que se supone se repitió desde diversas entidades del país y con el mismo propósito.

Bien, como ha señalado el presidente Andrés Manuel López Obrador, la corrupción es uno de los mayores problemas de México, representa un menoscabo para el crecimiento económico, dificulta el desarrollo, desestabiliza la democracia y abre la puerta a grupos criminales.

Por ello, su combate constituye un pilar del gobierno y por lo mismo, resulta imperativo actuar y dar soluciones para fortalecer los principios de rendición de cuentas, integridad y transparencia en el gobierno.

Sin embargo, a pesar de que en julio de 2016 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción con la que se creó un comité coordinador que integra diversas instancias y que obedece a la investigación, control, vigilancia, sanción, transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana; tal propósito como está demostrado, fue un artificio, una gran mentira.

Tan sólo hay que recordar que, según Transparencia Internacional, México se ubica en el lugar 28 de 32 países computados; únicamente por arriba de Guatemala, Nicaragua, Haití y Venezuela. En tanto, a nivel internacional, México descendió tres escaños en el Índice de Percepción de la Corrupción 2018; ubicándose en la posición 138 de 180.

Para acabar con este mal endémico, he propuesto mediante una iniciativa que el Sistema Nacional de Fiscalización cuente con un Comité Rector conformado por la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, el Servicio de Administración Tributaria y siete miembros rotatorios de entre las instituciones antes referidas.

Lamentablemente, la corrupción representa un problema sistémico que implica una red de complicidades que envuelven compras, adquisiciones, vicios de legalidad y cuestiones de abuso que entrañan el mal uso de los recursos públicos entre funcionarios del sector público y empresarios. Con tristeza, hay que reconocerlo, esta es nuestra realidad.

EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA EVALUACIÓN EN MÉXICO

Si bien uno de los cambios globales que el siglo XXI presume es la modernización de las estructuras políticas y administrativas del Estado en todos sus niveles, esto exige también una modernización en los procesos de evaluación del desempeño de las entidades públicas.

En nuestro país, dichos cambios no se han alcanzado. Pocas son las entidades federativas y los municipios que plenamente han emprendido este propósito.

La corrupción es el sello que ha marcado a los gobiernos neoliberales, de manera particular a la administración de Enrique Peña Nieto, pues ni la transparencia de recursos financieros públicos, ni políticos, se ha dado. La autonomía de los distintos mandos es inexistente, ya que lamentablemente el crimen organizado es el que, en muchos casos, gobierna.

Sin embargo, efectivamente, “se requiere de mejores esquemas de evaluación del desempeño”, que permita a los gobernantes contar con las herramientas para “medir el grado de compromiso del gobierno con sus gobernantes”.

En México, la evaluación de desempeño de los gobiernos estatales y municipales no existe como metodología; que permita medir resultados y el impacto positivo o negativo, para llevar a cabo cambios a favor de la población y de las entidades.

Coincido en que estamos muy lejos de que en México queda mucho por hacer que le permita, en particular, a los municipios, hacer una verdadera y seria evaluación de sus resultados como gobierno, porque insisto en que está en medio el crimen organizado y los intereses políticos, que dejan muy por detrás al bienestar de la población.

Por lo que toca a los resultados del desempeño de los gobiernos estatales y municipales, las cuatro “E”:  eficiencia, economía, eficacia y equidad; además de la “efectividad” en la gestión pública, no se cumplen de manera generalizada y, por lo mismo, la excelencia en el desempeño no se alcanza. Esto repercute en el incumplimiento de los planes de desarrollo y, por lo mismo, en las condiciones de bienestar prometidas y necesarias no llegan.

El mejor indicador de desempeño del trabajo realizado, ya sea por un gobierno estatal o municipal, lo determina la propia población. Son pocas las acciones gubernamentales que se califican positivamente. Lamentablemente, cada gobierno no contempla la necesidad de hacer una evaluación seria del desempeño realizado, incluso no se contempla llevar a cabo una auto calificación o tratar de conocer qué opina la población.

Si bien en los últimos años algunos gobiernos, particularmente estatales, están recurriendo a las empresas encuestadoras, que realizan a través de muestreos, sondeos de opinión para tener una evaluación del desempeño gubernamental. Sin embargo, la calificación es generalizada y pocas veces se da de manera particular, de tal forma que no se tiene claro el desempeño particularizado de cada organismo público.

En suma, el desarrollo institucional de la evaluación en México, a nivel estados y municipios, es bastante pobre; aún existe la convicción de que los gobiernos no cuentan con las medidas necesarias para asumir las competencias y funciones para hacerse cargo de su propio desarrollo y ofrecer verdaderos resultados.

Requerimos fortalecer el conocimiento y la cultura de la evaluación que debe de ser seria, oportuna y profesional en los tres niveles de gobierno; pero este impulso debe venir de una acción conjunta como podría ser, por ejemplo, de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO),  para que diseñe además políticas públicas para el fortalecimiento del federalismo, y de los procesos de descentralización, que de alguna manera ya existen.

“Impulsar reformas y políticas públicas para el fortalecimiento municipal, ofrecer a los gobiernos municipales información, para mejorar su gestión y además propiciar el intercambio de experiencias entre funcionarios municipales”.

De ese mismo espacio, podrían definirse políticas de evaluación que les permitan conocer las medidas modernas de calificación de desempeño de las entidades públicas, y los cambios positivos que se pueden alcanzar en favor de la población de los estados y municipios, y por ende del país.